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El Gobierno Federal hunde a la Fiscalía de Nuevo León

Edgard González Suárez

Decíamos anteriormente que el caso de Debanhi Escobar Bazaldúa no era ni novedoso, ni circunstancial, sino más bien paradigmático. Y que como tal nos ayudaba a observar la crisis del sistema de justicia en nuestro país.

La semana se pasada se presentaron secuencialmente varias rupturas que hicieron evidente la crisis de ese sistema, particularmente en el Estado de Nuevo León.

  1. Una conferencia de prensa, el día 9 de mayo, de la fiscalía de feminicidios, que sostenía la hipótesis del accidente, dejaba abiertas todas las líneas de investigación, pero su titular, la Lic. Griselda Núñez, aseguraba que hasta ese momento no había hipótesis mas sólida que la del accidente.
  2. Un encontronazo público entre el Gobernador de Nuevo León, Samuel García y el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, donde con reclamos mutuos, se acusan de obstruir la justicia en el estado, uno cuestionando a la fiscalía de “esconder pruebas” y otro cuestionando la falta de seguridad pública dentro del Estado
  3. Un informe, del caso Debanhi Escobar, en la sección Cero Impunidad del jueves 12 de mayo, desde la mañanera a cargo del Lic. Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, en donde se anuncia la reclasificación de la carpeta del caso y pasa a ser investigado como un crimen feminicida, además de buscar la participación de peritos para obtener una sola opinión sobre la necropsia, y la búsqueda y presentación de sujetos que hayan estado en tiempo y lugar el día de los hechos. Anuncios que se dan, el jueves desde la CDMEX.
  4. La filtración apresurada, esa misma noche, de puntos contenidos en la carpeta de investigación y detalles de la necropsia a través de medios de comunicación locales y nacionales. Que evidencian que la joven fue objeto de delitos sexuales.
  5. La presencia, el día 13 de mayo, del presidente de la República en Nuevo león, la entrevista, ese día, de López Obrador con los padres de Debanhi y la conferencia de prensa a cargo del Subsecretario en representación del Gobierno federal, donde se destaca la frase “cerrar filas”, y se desprenden varias acciones coordinadas entre el Gobierno Federal, Gobierno estatal y Fiscalía.

-Formalizar la colaboración entre las instituciones comprometidas para fortalecer las investigaciones en las carpetas de investigación.

-Solicitar la intervención de peritos calificados para ayudar a unificar criterios sobre lo sucedido.

-La fiscalía de feminicidios se coordinará con analistas especializados para fortalecer acciones como la investigación telefónica de los involucrados (que no se ha hecho).

-Toda la actuación inicial hasta el hallazgo del cadáver en el Hotel tendrán sanciones administrativas y penales

-Habrá sanciones para los responsables del hotel que negaron los videos de las instalaciones y que ocasionaron que se “perdieran días muy valiosos”.

-Mecanismo de seguimiento semanal entre las fiscalías, los padres, el gobierno del estado y el gobierno federal.

En términos generales, el gobierno federal conducirá la investigación a partir de un grupo interinstitucional, y llama la atención la frase “cerrar filas”, lo cual nos indica que antes no había colaboración, no estaban coordinados o incluso, podría haber confrontación respecto de los criterios que conducen la investigación.

Se destaca por supuesto la búsqueda de una sola opinión respecto del dictamen de la necropsia, lo cual indica que el peritaje inicial pidiera estar inconcluso o sesgado. La búsqueda y persecución de posibles involucrados, utilizando investigaciones a los teléfonos celulares. Lo que nos indica que hay varios posibles sospechosos que fueron dejados fuera, o que la fiscalía no solicito formalmente la posibilidad de obtener una orden para rastrar esas llamadas telefónicas. Pero lo que a mí más me llama la atención, y deja clara la reprimenda que propina el Gobierno federal a la Fiscalía es establecer posibles sanciones penales y administrativas contra toda la actuación inicial, desde donde funcionarios, ministeriales, personal pericial y/o administrativo, incluso el personal del motel Nueva Castilla, pretendieron consolidar la hipótesis del accidente.

El compromiso político presidencial tendrá que llegar hasta sus últimas consecuencias, veremos si logran llegar a la verdad.

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