Ciudad de México.— Las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) consiguieron un cambio en las reglas de evaluación de desempeño que habían generado inconformidad en distintas entidades del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y las representaciones sindicales acordaron eliminar cualquier posibilidad de que los resultados de estas evaluaciones deriven en sanciones o separación del cargo.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada el sábado 7 de noviembre en la sede de la Suprema Corte, en la que participó el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, junto con representantes de las organizaciones sindicales.

Como resultado del encuentro, las autoridades judiciales se comprometieron a modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se establecieron los lineamientos para evaluar el desempeño del personal de carrera judicial.

En un comunicado conjunto, la SCJN y el OAJ señalaron que el propósito de las evaluaciones será fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin que sus resultados puedan utilizarse como mecanismos de castigo laboral.

La modificación dejará sin efecto cualquier disposición que permita interpretar que una calificación desfavorable puede provocar la destitución o separación de los trabajadores.

ELIMINARÁN EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS

Entre los compromisos establecidos también se encuentra eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían ser solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, se revisarán los porcentajes correspondientes a los aspectos de evaluación que pudieran incorporar criterios subjetivos, con el objetivo de establecer parámetros más claros y objetivos para calificar el desempeño del personal.

De acuerdo con información difundida tras la reunión, la propuesta contempla que el 80 por ciento de la evaluación corresponda a exámenes y capacitación, mientras que el 20 por ciento restante esté relacionado con el desempeño laboral.

Las modificaciones deberán incorporarse formalmente al acuerdo general y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

PROTESTAS OBLIGAN A ABRIR DIÁLOGO CON SINDICATOS

El entendimiento se produjo después de las manifestaciones realizadas el viernes 6 de noviembre por trabajadores judiciales en la Ciudad de México y al menos 17 entidades del país.

Las movilizaciones incluyeron suspensión de actividades, protestas frente a instalaciones judiciales y bloqueos, como rechazo al nuevo mecanismo de evaluación.

Entre los inconformes se encontraban actuarios, secretarios, oficiales judiciales y otros integrantes del personal de carrera judicial, quienes consideraban que las disposiciones originales ponían en riesgo su estabilidad laboral.

La preocupación se concentraba en las consecuencias que podían derivarse de los resultados de las evaluaciones y en la posibilidad de que algunos criterios quedaran sujetos a interpretaciones de los superiores jerárquicos.

Ante este escenario, las autoridades judiciales reconocieron las observaciones de los trabajadores y señalaron que el acuerdo alcanzado responde a la necesidad de atender sus planteamientos mediante el diálogo institucional.

JUZGADOS Y TRIBUNALES REANUDARÁN ACTIVIDADES

Como parte de los compromisos, se estableció la instalación de mesas de trabajo permanentes entre las autoridades y las representaciones sindicales para atender las inquietudes de la base trabajadora.

La finalidad será mantener canales de comunicación sobre los asuntos que puedan afectar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y evitar nuevas interrupciones en la impartición de justicia.

La Suprema Corte y el Órgano de Administración Judicial confirmaron que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación reanudarán sus actividades con normalidad este lunes 9 de noviembre.

Con este acuerdo, el proceso de evaluación del personal judicial continuará bajo nuevos lineamientos, pero sin las disposiciones que permitían asociar sus resultados con sanciones o pérdida del empleo.

La reforma al mecanismo representa una respuesta institucional a las inconformidades expresadas por los trabajadores, aunque los cambios definitivos deberán quedar establecidos en la modificación formal del acuerdo publicado en el DOF.

Fuente: Milenio