Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- Las evaluaciones al personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) deben utilizarse para detectar deficiencias y mejorar la capacitación de los trabajadores, en lugar de convertirse en un mecanismo para aplicar sanciones o afectar su permanencia laboral, exigió el Sindicato Nacional de Renovación.
Durante una protesta realizada este viernes en Xalapa, Jennifer Ordóñez Villalobos, delegada sindical en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, pidió al Órgano de Administración Judicial garantizar que los resultados de las pruebas no sean utilizados para justificar despidos, reubicaciones arbitrarias o cancelación de plazas.
La inconformidad se relaciona con el nuevo sistema de evaluación publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, cuya primera aplicación está programada para diciembre de 2026.
De acuerdo con las disposiciones, esta primera etapa tendrá carácter diagnóstico, por lo que sus resultados no podrán determinar la continuidad o separación de los trabajadores.
Sin embargo, la representación sindical cuestionó las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las evaluaciones ordinarias posteriores, particularmente la intervención de los titulares de los órganos jurisdiccionales en la calificación del desempeño del personal.
“Lo que rechazamos y lo que verdaderamente nos preocupa es el modelo de evaluación que pretende dejar a manos de las personas titulares la valoración del desempeño”, señaló Ordóñez Villalobos.
La dirigente sostuvo que el problema no radica en la aplicación de exámenes, sino en la posibilidad de que las valoraciones de los superiores jerárquicos influyan en la conservación de los puestos de trabajo.
“No nos oponemos a los exámenes ni tenemos temor a demostrar nuestros conocimientos”, insistió.
Aunque el Órgano de Administración Judicial aseguró que la evaluación de diciembre no provocará despidos ni pérdida de plazas, los inconformes demandaron que esa protección se mantenga en las siguientes etapas del procedimiento.
“La evaluación no puede convertirse en un instrumento de presión, subordinación o castigo”, afirmó.
Ordóñez Villalobos también recordó que la reforma judicial contempla disposiciones para proteger los derechos laborales del personal, por lo que reclamó el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y del artículo décimo transitorio.
