La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria -Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), junto con autoridades municipales de 11 comunidades de la Policía Comunitaria Casa de Justicia, con sede en Alcozacán, exigió a los tres niveles de gobierno justicia por el asesinato de Juan Francisco Chino Díaz.
De acuerdo con un boletín, Chino Díaz fue encontrado sin vida el viernes, a unos 200 metros de la comunidad de Xicotlán, donde hay una base de seguridad del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Según la organización, desde el jueves viajaba del municipio de Chilapa de Álvarez hacia su comunidad cuando fue detenido por hombres armados.
La Coordinadora atribuye el crimen a integrantes del grupo criminal Los Ardillos. Afirma que un testigo presencial los reconoció, y que su identidad se reserva por seguridad. Las comunidades sostienen que la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no ha frenado la violencia.
Denuncian que el grupo ataca a habitantes cuando salen al municipio a hacer compras o a recibir atención médica. Los comunitarios exigen de tender a los líderes de Los Ardillos, en particular a Celso Ortega Jiménez, a quien señalan como su principal dirigente. Pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atraiga el caso si el gobierno estatal no puede resolverlo.
Además, que el gobierno de Guerrero detenga las órdenes de aprehensión y carpetas de investigación abiertas contra integrantes de la Policía Comunitaria y Que dejen de actuar por intereses económicos y atiendan las denuncias que han presentado contra Los Ardillos.
La organización advirtió que no puede permitirse que se arrebate la vida a personas desarmadas por negarse a someterse al grupo criminal. El viernes por la mañana fue encontrado el cuerpo decapitado de Juan Francisco Chino, de 60 años, a un costado de la carretera que comunica a Alcozacan con Xicotlán en la zona indígena de la montaña baja de Guerrero.
Fuente: La Jornada
