Por Jesús Utrilla
Más de 3 mil personas han sido enviadas a prisión en menos de un año por parte de la Fiscalía General del Estado, situación que contribuye a la saturación de los centros penitenciarios y evidencia la necesidad de atender la crisis del sistema carcelario, advirtió Tomás Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C.
El litigante señaló que actualmente alrededor de 8 mil personas permanecen bajo prisión preventiva en Veracruz, muchas de ellas sin una sentencia definitiva. Consideró que el uso recurrente de esta medida cautelar refleja deficiencias en la impartición de justicia y cuestionó que, mientras persiste el problema, el gobierno estatal proyecte construir otro penal en Medellín de Bravo, cuyas obras comenzarían a principios de 2027.
Mundo Arriasa sostuvo que antes de ampliar la infraestructura penitenciaria se debe revisar el funcionamiento del sistema de justicia, pues aseguró que las cárceles de Veracruz presentan condiciones que han sido señaladas en las evaluaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, citó el informe del World Justice Project, en el que, afirmó, la entidad enfrenta un rezago importante en materia de Estado de derecho.
También denunció que el hacinamiento carcelario propicia presuntas prácticas de corrupción y beneficios económicos dentro de los centros de reclusión. Como ejemplo, mencionó los gastos y consumos que, según señaló, realizan algunos internos, mientras no existen condiciones suficientes para garantizar sus derechos y avanzar en su reinserción social.
El representante de los abogados recordó que hace tres meses entregaron un documento a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para solicitar que los jueces cumplan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que estas disposiciones establecen la obligación de revisar periódicamente y de oficio la situación jurídica de quienes permanecen en prisión preventiva.
Ante lo que calificó como falta de respuesta de las autoridades, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas comenzó una campaña para visibilizar las condiciones del sistema penitenciario, la cual inició en Puebla y contempla llevar las denuncias a espacios internacionales. Mundo Arriasa indicó que buscan exponer los presuntos abusos y las consecuencias que enfrentan las familias de las personas privadas de la libertad.
