Por: Art1llero
El endurecimiento en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo constituye un punto de inflexión; al acusar abiertamente a Estados Unidos de injerencismo y de promover acciones encaminadas a desestabilizar a su gobierno, la mandataria rompió abruptamente con la cautela diplomática que había caracterizado sus primeros meses en el poder.
La contundencia y el calibre del mensaje evocan inevitablemente a los momentos de mayor afirmación nacionalista de la historia contemporánea de México, cuando la defensa de la soberanía se convirtió en bandera política frente a las presiones externas.
La crítica al intervencionismo estadounidense, históricamente justificable y firmemente arraigada en la doctrina de no intervención, es una postura legítima de cualquier Estado soberano. Ninguna nación debe tolerar que agencias extranjeras operen al margen de sus instituciones o dicten las pautas de su política interna.
Sin embargo, en la praxis política, esta narrativa se vuelve incompleta, e incluso estéril, si no va acompañada de un compromiso simétrico por eliminar la colusión criminal dentro de nuestras propias fronteras.
La soberanía no solo se vulnera desde el exterior; también se debilita cuando amplias zonas del territorio quedan sometidas a poderes criminales que desafían, sustituyen o condicionan la acción gubernamental.
No se puede sostener una cosa sin la otra. La paradoja del injerencismo radica en que la mejor forma en la que Estados Unidos encuentra resquicios para intervenir no es mediante la fuerza bruta, sino a través de los espacios de impunidad y vacío de poder que el propio Estado mexicano deja abiertos.
Cada municipio copado por el crimen organizado, cada ruta controlada por un cartel y cada fiscalía omisa es una invitación indirecta a la intromisión externa. La debilidad institucional y la complicidad local son los verdaderos caballos de Troya de la soberanía nacional.
Por ello, con la misma enjundia y fervor patriótico con que la presidenta Sheinbaum señala la intervención de Washington, el aparato estatal debería ser capaz de reconocer y confrontar la realidad interna. El nacionalismo exige coherencia, no se puede denunciar con vehemencia la injerencia extranjera, mientras se tolera, por acción u omisión, que organizaciones criminales ejerzan formas de control territorial en diversas regiones del país.
Lo que ocurre hoy en Sinaloa y en otras entidades no admite evasivas, la ciudadanía espera una defensa firme de la dignidad nacional frente al exterior, pero también exige la certeza de que el Estado no normalizará la violencia ni permitirá que el paso del tiempo sustituya a la acción gubernamental.
Defender a México en 2026, implica comprender que los riesgos para la estabilidad nacional no provienen exclusivamente de las presiones de gobiernos extranjeros. También emanan de la expansión de las estructuras criminales que erosionan la legalidad, debilitan las instituciones y deterioran el pacto social.
Si el mensaje presidencial de este domingo aspira a trascender la coyuntura política y convertirse en una auténtica reivindicación de la soberanía nacional, deberá traducirse en resultados concretos. La soberanía se demuestra cuando el Estado garantiza la ley, recupera el control efectivo de su territorio y protege a sus ciudadanos. De lo contrario, el señalamiento del enemigo exterior corre el riesgo de convertirse en una cortina de humo para ocultar las batallas que se están perdiendo en el interior.
