Comentario editorial | Por Art1llero
Cuestionar, señalar deficiencias y exigir servicios públicos de calidad son derechos legítimos de la ciudadanía; escuchar las críticas, por incómodas que resulten, debería ser parte esencial de la responsabilidad de gobernar.
Promover o participar en campañas de linchamiento público contra ciudadanos que se atreven a alzar la voz es una forma de intimidación y una práctica represora, propia de las lógicas autoritarias que buscan inhibir la crítica, descalificar al disidente y sembrar miedo entre quienes exigen respuestas.
Cuando levantar la voz provoca descalificaciones y quien señala un problema termina convertido en el problema, algo está fallando en nuestra vida pública.
Mi solidaridad con quienes, aun en medio de la desmesura, tienen el valor de hablar y defender aquello que consideran justo.
Que no nos invada el miedo ni nos gobierne la indiferencia. Una sociedad que renuncia a cuestionar también renuncia a su derecho de exigir un mejor gobierno.
