Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La reforma al artículo 127 de la Constitución, que fija un tope a las pensiones del sector público, podría extender sus efectos más allá de los jubilados y afectar a todos los trabajadores, advirtieron ex empleados de Pemex y CFE, quienes exigieron su reversión.
Señalaron que el cambio legal, vigente desde el 11 de abril de 2026 y que limita las pensiones a un máximo equivalente al 50 por ciento del salario de la Presidenta de la República —alrededor de 70 mil pesos mensuales—, sienta un precedente que podría impactar otras condiciones laborales e incluso patrimoniales.
“A través de la reforma al artículo 127 constitucional se ha deslizado un elemento importante que puede ser extendido a todas las condiciones, puede afectar la seguridad jurídicas en diferentes formas”.
Advirtieron que, aunque la medida actualmente aplica a pensiones y jubilaciones del sector público, no se descarta que su alcance crezca.
“Actualmente impactó a las pensiones y jubilaciones del sector público pero no hay que dejar de lado el hecho de que puede trasladarse esta afectación hacia otras condiciones en el ámbito laboral e incluso en propiedades porque se ha generado un antecedente”.
En ese contexto, rechazaron que existan pensiones millonarias, al considerar que ese argumento fue utilizado para respaldar la reforma.
“En Pemex somos 22 mil 597 jubilados de confianza y el 3 por ciento; es decir 700 compañeros son los que tienen pensiones extraordinarias, han usado la palabra millonaria pero no hay pensiones de un millón de pesos, está comprobado. Usaron datos falsos para hacerle creer a la población esto”.
Precisaron que los ingresos de los jubilados dependen de su trayectoria laboral y no corresponden a generalizaciones.
“Se especula que todos ganamos más de 100 mil pesos y eso no es cierto, es una mentira. Hay salarios de 30 y hasta 50 mil pesos, aunque también hay de 100 y 120 mil pesos, de compañeros que han trabajado durante 40 años y fuimos ascendiendo poco a poco”.
Los inconformes señalaron que la reforma los coloca en una situación de vulnerabilidad, al tratarse de personas que ya no pueden reincorporarse fácilmente al mercado laboral.
“El estado nos está dejando en vulnerabilidad porque nadie te contrata a la edad que tenemos, nuestra vida se quedó en manos del sector energético para que este país se moviera, creciera”.
Además, acusaron falta de respuesta a sus planteamientos y señalaron posibles violaciones a derechos constitucionales.
“No hay respuesta a nuestras peticiones, hemos hecho gestiones para que se reconozca que hay violaciones al artículo 1 de la Constitución, al tener derecho a una vida digna”.
Advirtieron que las implicaciones no se limitan al presente, sino que podrían afectar a futuras generaciones.
