Al insistírsele esta mañana sobre la intimidación que han enfrentado los trabajadores de la minera Camino Rojo por parte del crimen organizado, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el caso se revisa con las autoridades correspondientes.
Aún cuando ayer se comprometió a que en la mañanera de este martes se darían detalles de los abusos y amenazas en esa mina, ubicada en Zacatecas y que está concesionada a la compañía canadiense Orla Mining, la mandataria dijo que hoy se reunirá con el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, para conocer a fondo la situación.
—¿Hay complicidad de la empresa? —se le preguntó, y es que un panel parte del T-MEC que indagó el asunto concluyó que en efecto la firma es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales.
—Es lo que estamos revisando con el gabinete de seguridad y todo lo que tiene que ver con los paneles internacionales.
Se le insistió al cuestionarle si se le podría retirar la concesión a la compañía minera canadiense, a lo que la jefa del Ejecutivo planteó: “vamos a revisarlo con el secretario del Trabajo y lo informamos”.
La semana pasada, La Jornada documentó el caso de la minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, donde se utilizó al crimen organizado para amenazar y violar los derechos de los trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Minero.
Este diario dio a conocer que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata localizada en el municipio de Mazapil, fue responsable y guardó silencio en torno a la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado contra los trabajadores.
Por este caso se realizó de forma inédita una investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC. En su resolución preliminar, los expertos panelistas hallaron evidencias sobre los actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, contra los trabajadores de la organización sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, titular del contrato colectivo, para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Fuente: La Jornada
