Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- Cuatro años después de la aprobación legislativa que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en Veracruz, el acceso efectivo a este derecho continúa sin materializarse, advirtió Metzeri Ávila San Martín, integrante de la colectiva Marea Verde Totonacapan.
Aunque la reforma al Código Penal representa un avance legal, su aplicación enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos la falta de infraestructura médica, recursos materiales y personal capacitado, especialmente en regiones rurales e indígenas.
“Esta modificación está en el papel, pero sabemos que sigue siendo un reto. La importancia es poner la descentralización y mirar que el acceso es una deuda que todavía tiene pendiente el Estado veracruzano, las cifras hablan por sí solas”, expresó durante su participación en el foro “Del papel al territorio: a 4 años del aborto legal en Veracruz, ¿Qué sigue?”, realizado en el Congreso local.
Ávila San Martín explicó que aunque algunos hospitales y Centros de Salud ofrecen el servicio, muchas veces no cuentan con los insumos básicos ni medicamentos necesarios para brindar una atención integral.
“Hay muchas faltas en la implementación, porque si no tenemos los recursos de nada sirve que esté en el papel si en el territorio no existe una verdadera aplicación”, enfatizó.
Además de las limitaciones materiales, persisten resistencias institucionales: el estigma en el personal de salud y el uso extendido de la objeción de conciencia siguen dificultando el acceso.
“Sigue reinando el estigma de las servidoras y servidores públicos y nos seguimos topando con médicos, enfermeras, trabajadoras sociales que no quieren aplicar esta interrupción. Tenemos mucho que hacer con la despenalización social y objeción de conciencia”, señaló.
Desde su experiencia como acompañante, denunció que muchas mujeres viven situaciones de revictimización dentro del sistema de salud debido a la falta de perspectiva de género. “Se tiene una deuda porque no se está mirando la intersección de los casos”, indicó.
Ante este panorama, muchas optan por interrumpir su embarazo fuera de las instituciones, con el acompañamiento de colectivas y en espacios autónomos que buscan ofrecer condiciones seguras sin recurrir a los servicios estatales.
Uno de los desafíos más urgentes, dijo, es garantizar el acceso a información comprensible y culturalmente pertinente en comunidades afrodescendientes e indígenas.
“Como Colectivas hemos tenido que hacer modificaciones lingüísticas, interpretaciones, para hablar de los derechos humanos en las comunidades indígenas y afro de nuestro estado, que es algo que debería estar a cargo del Estado”, añadió.
