El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRD) en la Cámara de Diputados interpuso un juicio de amparo indirecto contra la reforma para entregar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a la violación al proceso legislativo y el incumplimiento de consulta a los pueblos indígenas.
Dicho recurso solicitud se suma a más de medio centenar de amparos presentados por diversos colectivos tras la aprobación del decreto y de los cuales uno obtuvo la semana pasada la primera suspensión provisional.
Con las firmas del coordinador de la bancada perredista, Luis Cházaro, y de sus correligionarias Elizabeth Pérez y Fabiola Rafael Dircio, el nuevo juicio de amparo acusa la violación al proceso legislativo en su totalidad y el incumplimiento del artículo 2 constitucional que garantiza la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias.
Como indígena Mepha´a, del pueblo tlapaneco en el estado de Guerrero, Fabiola Rafael Dircio puntualizó:
“En mi carácter de diputada federal y en defensa de los intereses de toda la colectividad indígena y afromexicana nacional, hacemos saber que hemos exigido durante décadas que no se vulneren nuestros derechos, que se nos reconozca como sujetos de derecho y, para que, en caso de decretar alguna ley que nos afecte en nuestras comunidades, se nos tome en cuenta y se nos consulte sobre si estamos de acuerdo o no”.
En su solicitud de amparo, el PRD sostuvo que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo decidieron aprobar tajantemente el decreto señalado, mismo que se reclama en su totalidad, pues no sólo afectará a las comunidades indígenas y afromexicanas, sino a toda la población en general.
“Hasta la fecha de la presente demanda, el Estado mexicano no ha realizado una consulta libre, previa e informada con cada una de las comunidades, pueblos indígenas para conocer si otorgan o no su consentimiento de manera libre, previa e informada para la implementación del decreto aludido”, señaló.
Según la diputada Fabiola Rafael Dircio, “el Congreso de la Unión y el Ejecutivo tomaron una decisión unilateral sobre un tema que nos afectará en nuestros derechos fundamentales, además de nuestras tierras y territorios, puesto que la intervención de las instituciones policiales federales, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea violentarán nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución y leyes internacionales”.
Advirtió que las Fuerzas Armadas ponen en peligro todo el entorno y no hay información para saber si la puesta en marcha de la mencionada desplazará a los pueblos indígenas de sus comunidades, y de ahí la necesidad de que, antes de que hubiese sido aprobada la medida, debió realizarse la consulta.
Fuente: Milenio
