La Fiscalía General de la República (FGR) va contra el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
El Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación en contra de él, derivada de la denuncia interpuesta en febrero pasado por el abogado Paulo Díez Gargari. Es la primera indagatoria que se integra en contra del ex funcionario, en medio de una disputa pública entre éste y el fiscal Alejandro Gertz Manero.
En la carpeta de investigación FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000122/2022, además de Scherer Ibarra, también están señaladas otras personas, “integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes”, según el propio denunciante.
El abogado Paulo Díez Gargari sostuvo que dicha red poseía un “enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo”.
El denunciante dijo que los probables delitos que incluyen esta denuncia son asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia.
“Confío en que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación seria, objetiva y eficaz, que permita llevar a estas personas -sin demora- ante la justicia”, publicó Díez Gargari en su cuenta de Twitter el pasado 4 de febrero.
De acuerdo con la Constitución y la propia Ley de la Fiscalía General de la República, ésta investigación en contra del ex consejero Jurídico de la Presidencia tendría que estar radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, numeral tercero, detalla la instancia a la que tienen que ser denunciados los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado.
“Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución”.
Por su parte, la Ley de la FGR, en su artículo 13, numéralo octavo, especifica la competencia de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
“Las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Institución (…) de la actuación de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas, personas analistas, personas facilitadoras, personas técnicas y en general de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General”.
Por lo que los delitos que podrían imputar a Scherer son ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y, contra la administración de justicia, no son competencia de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
El Ministerio Público de la Federación ha realizado ya varios requerimientos de información a diversas autoridades como parte de la integración de esta carpeta de investigación.
Fuente: Milenio
