El anuncio de un decreto presidencial para la liberación de reos no sentenciados, torturados y adultos mayores acercó a la puerta de salida a 12 mil 358 presos de los delitos Fuero Federal, pero también la población en los centros penitenciarios que han denunciado haber sido víctimas de tortura o a figuras políticas como Rosario Robles, que tiene ya 65 años y se ha declarado como población en riesgo.
Aunque todavía no se sabe cuántos presos cumplirían con los requisitos referidos para obtener la libertad, de acuerdo con lo anunciado, el decreto beneficiaría a prisioneros del fuero federal que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves y que no estén acusados por delitos de sangre.
En principio, podría resultar beneficiado Israel Vallarta, detenido en diciembre de 2005 durante un operativo de la otrora Agencia Federal de Investigación (AFI), acusado de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco, quien se encuentra preso sin que haya sido procesado.
Aunque aun le restaría una causa penal ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Un caso similar es el de Brenda Quevedo, detenida en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
Lleva 14 años en prisión sin una sentencia y ha denunciado haber sufrido tortura –incluso sexual– por autoridades del Estado mexicano para supuestamente declararse culpable.
A pesar de que, el decreto beneficiaría a la población de Sistema Penitenciario Federal, de acuerdo con censo 2020 elaborado por el INEGI, el 4.8 por ciento de los reos en México han presentado denuncias por tortura o maltrato, por lo que representaría una vía posible de liberación.
En este caso, se determinaría que aquel que alegue malos tratos, y pueda corroborarlo con el llamado protocolo de Estambul, también podría ser excarcelado. Sin embargo, el Protocolo de Estambul ha sido requerido incluso para narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien luego de su captura en 2016 fue sometido a dicha prueba en la que presentó signos físicos y síntomas que demostraron que fue sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria, presentando “trastorno de ansiedad generalizada”.
Fuente: Milenio
