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Gobernador insiste en defender reforma en materia de ultrajes a la autoridad

Sam Ojeda / NV Noticias

Xalapa.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que la reforma al delito de ultrajes a la autoridad contenido en el Código Penal tenga la intención de coartar la libertad de expresión o usarla para reprimir a manifestaciones y opositores.

El mandatario evadió señalar si atenderá el llamado de organizaciones civiles, académicos y abogados que exigieron derogar la reforma por ser violatorios de los derechos humanos, aunque dijo que podría revisarse en foros de consulta.

“La ley es perfectible y si en los foros ven que es necesario, que se revise, lo único que pido es que no quitemos a los jueces esa oportunidad de actuar contra los verdaderos delincuentes que usan los juzgados como puerta giratoria para huir”, dijo al insistir en que el tema está enfocado en evitar que los miembros de la delincuencia organizada puedan salir libres cuando son detenidos por este delito.

A pregunta de los reporteros sobre los alcances de la reforma que permitiría encarcelar a quien los policías o funcionarios públicos señalen de ultrajes a la autoridad, el Gobernador respondió que no es el fin de la reforma y que no es “represor como Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte”. 

“El objetivo no fue solo proteger a los policías porque tienen sus formas de protección, sino que el problema fue jurídico porque la delincuencia organizada usaba artimañas para zafarse para quedar como medida preventiva en cárcel (…) Yo no soy un represor como Yunes o Duarte, yo estuve en protestas pacíficas, sin violentar, a mí me golpearon y eso fue público, pero la sociedad estaba harta de que denunciaban al delincuente y más tardaban en meterlo que sacarlo”.

Sobre la detención del vocero de los Centros de Verificación, Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, por el delito de ultrajes a la autoridad tras una manifestación en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), el mandatario pidió respetar el proceso.

Aún así el morenista señaló que la manifestación se trató de una una privación ilegal de la libertad de quienes estaban dentro de las instalaciones de la dependencia y no los dejaron salir.

“Algo que nos venía preocupando con respecto a la protesta de verificentros es que optaron por cerrar la puerta a Sedema cuando había gente adentro y eso es un delito mayor porque es privación ilegal de la libertad, pero hay un juego al decir que tenían sillas solamente, que estaban en la calle, que lo determine el juez”.

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