Después de las especulaciones por el retraso de la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF), finalmente la propuesta de ley relució en éste durante las primeras horas de la madrugada del jueves 2 de marzo.
Ello significa que el controversial proyecto de ley impulsado desde el Poder Ejecutivo entrará en vigor a partir del 3 de marzo — no siendo aplicable para los comicios por las gubernaturas de Coahuila y Estado de México (Edomex). Sin embargo, la vigencia legislativa también marca el inicio de la batalla jurídica que la oposición y adversarios de la actual administración habían advertido ante su eventual aprobación en el Congreso.
Es decir, se espera una serie de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto tras considerar que el Plan B resulta violatorio a la Carta Magna.
Así pues, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dio el banderazo por parte del órgano electoral para acudir al Poder de la Unión presidido por Norma Piña Hernández a fin de invalidar la iniciativa de ley propuesta inicialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A través de su cuenta de Twitter, el servidor público próximo a renovar su cargo indicó que el Nacional Electoral recurrirá “con respeto y convicción” a la Suprema Corte para impugnar el Plan B de la Reforma Electoral.
Con ese tenor, Murayama Rendón anunció el “inicio de la batalla jurídica y constitucional” contra el bando de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) a fin de “salvar la democracia” y “defender las libertades y derechos (electorales)” de la ciudadanía. Esto, apelando a las acusaciones que han lanzado contra el Plan B como un supuesto intento por sabotear los presidenciables del 2024.
Cabe recordar que el Plan B no implica una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sólo modifica las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial, General de Comunicación Social, General de Responsabilidades Administrativas; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
No obstante, la entrada en vigor de dicha legislación también conllevo la salida del consejero Edmundo Jacobo Molina, el “brazo derecho” del Consejero Presidente Lorenzo Córdova y cuyo cargo será cesado debido a una cláusula en el paquete de reformas.
“En virtud de una reforma antidemocrática, Edmundo será cesado. (…) Cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado, te esperamos de vuelta en el INE”, escribió Córdova Vianello en el mensaje de despedida que dedicó a Jacobo Molina — funcionario quien, de no ser por el Plan B, habría sumado 18 años de ejercicio en la cúpula del INE.
Fuente: Infobae
