La recuperación demócrata de ambas cámaras en las elecciones intermedias de noviembre de 2026 cambia la distribución del poder en Washington, no sus prioridades geopolíticas. La pregunta decisiva no es si Donald Trump conservará influencia, sino hasta dónde podrá ejercerla frente a una oposición con capacidad para investigar, negociar presupuestos y bloquear nombramientos. Las victorias proyectadas por la prensa deberán distinguirse de la certificación oficial de cada elección.
La historia ofrece advertencias. En 2007, los demócratas sometieron la guerra de Irak de George W. Bush a mayor escrutinio. Desde 2011, la Cámara republicana dificultó las iniciativas de Barack Obama. En 2019, la Cámara demócrata investigó a Trump mientras el Senado republicano lo respaldaba. Bajo gobiernos divididos hubo confrontaciones, cierres administrativos y acuerdos selectivos. Ningún antecedente permite concluir que un Congreso opositor paralice por completo al presidente. También importa el Senado; muchas leyes requieren superar obstáculos procedimentales, y anular un veto presidencial exige mayorías calificadas en ambas cámaras. Por eso, ganar elecciones legislativas no equivale a gobernar desde el Capitolio.
Trump conservará el veto, la dirección de la diplomacia y la conducción del Ejecutivo. Podrá dictar órdenes ejecutivas para organizar la administración y aplicar facultades conferidas por la legislación. Pero un decreto no crea impuestos por sí mismo, no sustituye al Congreso ni puede desconocer a los tribunales. La oposición controlará comisiones, citatorios y partidas presupuestarias; el presidente seguirá disponiendo de instrumentos importantes, aunque sujetos a controles. Una orden puede producir efectos inmediatos, pero su permanencia depende de normas, presupuesto, litigios y de su ejecución.
La continuidad estratégica será visible frente a China. Ambos partidos consideran prioritarios los semiconductores, la inteligencia artificial, las cadenas de suministro y la seguridad del Indo-Pacífico. Podrán discrepar sobre aranceles o alianzas, pero la competencia tecnológica no desaparecerá. Frente a Rusia, el apoyo a Ucrania, las sanciones y la seguridad europea seguirán sujetos a disputas sobre recursos y condiciones de negociación. Un Congreso demócrata tampoco puede imponer unilateralmente un acuerdo de paz.
En Oriente Medio persistirá el interés estadounidense por proteger a sus ciudadanos, a Israel, a sus fuerzas desplegadas en países del Golfo y a las rutas energéticas. Washington seguirá enfrentando amenazas de organizaciones terroristas y de actores estatales; eso no significa que cualquier país acusado de albergarlas pueda ser atacado legítimamente. Las operaciones requieren sustento legal, evaluación de riesgos y protección de civiles. La supervisión legislativa puede modificar costos y alcance sin borrar los objetivos de seguridad. El conflicto con Irán plantea además un dilema energético: una escalada en el Golfo puede encarecer petróleo, seguros marítimos y transporte global. La distensión reduciría algunos riesgos, pero no resolvería automáticamente la guerra de Ucrania ni las rivalidades regionales.
La OTAN, Naciones Unidas y otras instituciones tampoco quedarán al margen. El Ejecutivo negocia y representa al país; el Congreso condiciona financiamiento, tratados y determinadas autorizaciones. Las alianzas pueden sobrevivir a las disputas partidistas, aunque su credibilidad dependa de compromisos verificables.
En América, Washington buscará preservar influencia sobre puertos, energía, minerales críticos, telecomunicaciones y corredores logísticos, ante la expansión china. La referencia a la Doctrina Monroe expresa una aspiración de primacía hemisférica, no una facultad para imponer decisiones a Estados soberanos. Brasil, Canadá, México y los demás países conservan intereses propios y capacidad de negociación. Para América Latina, el riesgo no es solo una intervención directa, sino quedar atrapada entre exigencias estadounidenses de seguridad y dependencia comercial o financiera de China. Una diplomacia regional eficaz necesita diversificar socios sin convertir cada inversión en una confrontación ideológica.
Los aranceles ilustran la diferencia entre objetivo e instrumento. La Corte Suprema limitó en febrero el uso de poderes económicos de emergencia para imponer gravámenes, pero subsisten otras leyes comerciales. Trump podría utilizarlas bajo sus requisitos; el Congreso podría supervisarlas o reformarlas. La incertidumbre encarece insumos, altera precios y retrasa inversiones, incluso dentro de Estados Unidos.
México enfrenta la prueba más inmediata en la revisión del T-MEC. Comercio, migración, narcotráfico, tráfico de armas, energía e inversiones vinculadas con China seguirán entrelazados. La mayoría demócrata no garantiza concesiones: sindicatos, productores y legisladores de ambos partidos defienden intereses estadounidenses. México necesita interlocución simultánea con la Casa Blanca, ambas cámaras, gobernadores y empresas; además, fortalecer infraestructura, seguridad jurídica, productividad y diversificación exportadora.
La lección es sencilla. Washington puede cambiar sus métodos sin abandonar sus prioridades. México no debe apostar a un partido estadounidense: debe construir una política de Estado capaz de negociar con instituciones, anticipar presiones y defender intereses propios.
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Dr. Jeremías Zuñiga Mezano
