Para evitar que las presiones de empresas trasnacionales y de sus despachos de cabildeo influyan indebida e ilegalmente en las decisiones del Congreso de la Unión, Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley que regularía esa actividad y sancionaría con multas de hasta casi 600 mil pesos a quien ofrezca dádivas a los legisladores a cambio de sus votos.
En la sesión ordinaria de hoy, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, presentó la iniciativa de ley donde se plantea formalizar en la ley el padrón de cabilderos, obligarlos a presentar un informe trimestral de sus actividades, entregar documentos que respalden sus propuestas, precisar los intereses que representan e incluso informar sus ingresos por su trabajo.
Más aún, para garantizar el seguimiento de la intervención de cabilderos en la tarea legislativa, se obligaría a publicar un informe de las actividades de mediación como anexos de los dictámenes aprobados en comisiones, y también las sugerencias y consideraciones que se hayan tomado para modificar la redacción final de las leyes y reformas a debate.
Monreal planteó la ley días después de que –relató– 12 compañías, entre ellas Netflix y Amazon, se acercaron a él para pedirle que modificara otra propuesta que busca evitar precios ocultos y abusos contra usuarios de plataformas.
“Fue impresionante. No estaba formalizada esa iniciativa cuando ya tenía la solicitud de revisión y enmienda de una iniciativa.
De ese tamaño es la fuerza de los cabilderos. No se diga en energía, industria tabacalera, textil, farmacéutica, en todos los ramos donde las trasnacionales tienen mucha fuerza. Hoy mismo están aquí”, dijo.
Incluso, las empresas enviaron cartas a los coordinadores para presionarlos a no votar esa reforma, con el argumento de que las nuevas medidas se traducirían en un nuevo incremento en el costo de sus servicios, con un impacto directo a sus usuarios.
Si bien en los reglamentos de las dos cámaras del Congreso ya se regula de manera general la participación de empresas y sus representantes en labores de cabildeo, además de un registro público de sus nombres, es insuficiente ante la actividad que desarrollan y la influencia que ejercen sobre los legisladores.
Fuente: La Jornada
