El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, negó el viernes haber recibido alguna notificación de autoridades de México o Estados Unidos sobre una investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, tras un reportaje de la cadena de noticias mexicana N+ que lo relacionó con pesquisas estadounidenses.
“Jamás he recibido notificación, citatorio o comunicación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense que me informe que exista una investigación en mi contra relacionada con delito alguno”, afirmó Villarreal, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El mandatario rechazó “de manera categórica” los señalamientos, que calificó de “falsos”, y acusó al medio de presentar “propaganda política disfrazada de noticia”.
¿Qué investigación hay en contra del gobernador de Tamaulipas?
N+ informó el jueves que agencias estadounidenses abrieron expedientes contra Américo Villarreal y el gobernador de Sinaloa, actualmente con licencia, Rubén Rocha Moya, por presunto lavado de dinero y financiamiento de cárteles mexicanos durante las campañas electorales de 2021 y 2022.
El reportaje vinculó las pesquisas con testimonios y grabaciones de operadores políticos y financieros, entre ellos Jocelyn Hernández Jiménez, quien posteriormente aseguró que declaraciones suyas habían sido manipuladas.
Villarreal reprochó que se recuperen ahora esas acusaciones sin, a su juicio, presentar nuevas pruebas ni dar suficiente relevancia a las aclaraciones posteriores.
Acusación de EU contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos
El caso adquiere relevancia tras las acusaciones que Estados Unidos formuló en abril contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntamente proteger operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de Los Chapitos, mediante información sensible y facilidades para el tráfico de drogas a cambio de sobornos.
Rocha Moya rechazó los señalamientos, pero el 1 de mayo pidió licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba el caso.
El pasado 21 de agosto retomó la gubernatura tras 112 días apartado y aseguró que durante ese periodo compareció ante la FGR y que no existían pruebas que lo vincularan con las acusaciones estadounidenses.
Sin embargo, su regreso provocó críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su propio partido, mientras la Secretaría de Gobernación recordó que las investigaciones continuaban abiertas y que México había solicitado a Estados Unidos las pruebas que sustentaran los señalamientos.
Fuente: El Financiero
