Jesús Utrilla / NV Noticias
Las investigaciones de los asesinatos de periodistas en Veracruz estuvieron marcadas por omisiones, líneas de investigación sin agotar y una tendencia a criminalizar a las víctimas, de acuerdo con el informe “Prohibido investigar”, elaborado por Propuesta Cívica.
Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área legal de la organización, explicó que el documento surgió a partir de las deficiencias identificadas en las investigaciones de los casos y busca establecer qué falló, por qué ocurrió y qué debe modificarse para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Uno de los principales hallazgos, explicó, es que las investigaciones fueron abordadas de manera aislada, sin analizar el contexto más amplio en el que ocurrieron las agresiones.
De acuerdo con la organización, los casos deben analizarse bajo un contexto de macrocriminalidad, entendido como la posible interacción de redes del crimen organizado, empresas y agentes del Estado que pueden obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.
Entre las principales fallas detectadas se encuentran diligencias que no fueron realizadas y líneas de investigación que no fueron agotadas tanto por autoridades estatales como federales.
Pérez Guzmán señaló además que identificaron un patrón de criminalización de los periodistas, debido a que en distintas investigaciones se buscó relacionarlos con grupos del crimen organizado o desvincular los asesinatos de su actividad profesional.
Consideró que esta práctica contribuye a minimizar la violencia que enfrenta el gremio periodístico y dificulta que las autoridades reconozcan que las agresiones pueden estar directamente relacionadas con el trabajo de las víctimas.
Advirtió que los ataques contra periodistas no deben analizarse únicamente después de que ocurre un homicidio o una desaparición, sino que deben investigarse los antecedentes de amenazas, intimidaciones y otros hechos que pudieran formar parte de un mismo contexto.
