El Gabinete de Seguridad informó que ni Fiscalía General de la República (FGR) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han asegurado las cuentas bancarias a nombre de Verónica Ruffo, hija del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ni existe ninguna petición en ese sentido relacionada con la investigación de huachicol ferroviario y la empresa Ingemar, de la cual su padre es accionista mayoritario.
Las autoridades puntualizaron que la solicitud que presentó el Ministerio Público Federal ante la UIF “contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo”.
Asimismo, en un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la FGR y la Guardia Nacional, señalaron que las acciones emprendidas relacionadas con solicitudes de inmovilización de recursos, “se sustentan en la existencia de indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los recursos o bienes vinculados con las personas investigadas. Puedan utilizarse para la comisión, continuidad o ocultamiento de actividades ilícitas, ser objeto de disposición o transferencia inmediata, o formar parte de circuitos financieros o comerciales relacionados con la delincuencia organizada”.
Se precisa que dichas medidas se solicitan exclusivamente respecto a las personas, incluidas en la investigación correspondiente, en este caso, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillen, quienes han sido acusados por la FGR, y este jueves se les dictó vinculación a proceso por contrabando, delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada por estar relacionados con una organización delictiva dedicada al contrabando de combustibles de Estados Unidos a territorio mexicano.
“El gabinete de Seguridad de México, reitera su compromiso de actuar con estricto apego al estado de Derecho, privilegiando la coordinación entre las instituciones, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas”.
Fuente: La Jornada
