La discriminación estructural tiene un “impacto devastador” en la salud mental y emocional de la población de la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, la ideación o el intento de suicidio en este sector triplica la prevalencia existente en la población con orientaciones sexuales e identidades de género normativas, refiere el Índice de Inclusión de Personas LGBT+, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El documento detalla que, de acuerdo con cifras oficiales, 28.7 por ciento de esta población ha experimentado ideación suicida. Asimismo, la discriminación y la exclusión de personas LGBT+ perpetúan ciclos de pobreza, desigualdad y violencia que obstaculizan el progreso hacia múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los relacionados con la salud, la educación, la igualdad de género.
Lo anterior confirma que “la inclusión de las personas LGBT+ no constituye una cuestión marginal para la agenda de desarrollo, sino un imperativo para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Destaca que México ha desarrollado un marco jurídico progresivo para la protección del sector, pues existe reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ciudad de México fue pionera al legalizarlo en 2010, convirtiéndose en la primera jurisdicción de América Latina en reconocer ese derecho.
Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez constitucional del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental.
También se ha logrado el reconocimiento legal de la identidad de género, lo que permite a las personas trans modificar sus documentos de identidad mediante procedimientos administrativos.
Fuente: La Jornada
