Jesús Utrilla – NV Noticias
La propuesta de aplazar la próxima elección judicial hasta 2028 busca consolidar el proceso de transición que actualmente enfrenta el Poder Judicial de la Federación tras la implementación de la reforma constitucional en la materia, afirmó Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de distrito en Veracruz con sede en Boca del Río.
Durante el ciclo de conferencias “Reforma Judicial, Avances y Desafíos”, realizado en Veracruz, destacó que uno de los objetivos es evitar cambios abruptos dentro del sistema judicial y permitir una renovación escalonada que garantice estabilidad en la impartición de justicia.
Asimismo, señaló que la reforma constitucional vigente desde 2024 ha permitido acelerar procesos en materias como la penal y fiscal, incluso mediante sanciones para juzgadores que incumplan con los plazos establecidos para emitir resoluciones.
“Implica básicamente que la elección judicial la próxima sea en el 2028 y ya no en el 2027 como se tiene programado inicialmente. Estamos en un proceso de transición en el Poder Judicial de la Federación, considerando que en el 2025 entraron personas juzgadoras por elección popular, muchas de ellas están en un proceso de adaptación”.
Bautista Cruz consideró que la postergación permitirá fortalecer la adaptación tanto de las personas juzgadoras electas por voto popular como de quienes forman parte de la carrera judicial, en medio de un proceso de transformación institucional.
Dijo que, tras el primer año de implementación de la reforma, ya se observan avances en el acercamiento entre ciudadanía y personas juzgadoras, aunque reconoció que todavía existen áreas de oportunidad que deben fortalecerse mediante capacitación y ajustes normativos.
Insistió que el sistema jurídico mexicano mantiene mecanismos de revisión que permiten corregir posibles errores judiciales a través de órganos superiores, lo que fortalece la certeza en las resoluciones emitidas por los tribunales.
El juzgador recordó que la iniciativa forma parte de la reforma judicial, la cual pretende ajustar algunos aspectos derivados de la elección popular de personas juzgadoras realizada en 2025.
