El debate nacional sobre el calendario escolar 2025-2026 se mantiene abierto, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, anunció que revisará la propuesta para adelantar la conclusión de clases al 5 de junio, una medida motivada por las altas temperaturas y el inicio del Mundial de Futbol 2026.
Autoridades estatales y representantes de la sociedad civil advierten de consecuencias en el aprendizaje y organización familiar, mientras algunos estados rechazan la directriz federal y otros la acatan parcialmente, en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclara que la decisión aún no es definitiva.
Organizaciones citan riesgo de rezago educativo
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazan la propuesta de la SEP, subrayando que reducir entre cinco y siete semanas de clase afectaría la formación académica de millones de estudiantes y agravaría el rezago educativo en el país.
La UNPF afirma en un comunicado difundido el 7 de mayo que el recorte representa un “grave error”, pues en México existen “severos problemas de aprendizaje en áreas fundamentales como lectura, matemáticas y comprensión”. La organización advierte que la decisión se tomó “sin consultar a padres de familia, docentes y especialistas”, y considera insuficiente cualquier intento de compensación en agosto, ya que las interrupciones largas “generan daños difíciles de revertir”.
Coparmex coincide en la preocupación y señala, con datos del INEGI, que el 19.4% de la población enfrenta rezago educativo, un problema que se incrementa desde 2016. Añade que, en 2025, aproximadamente 17.7 millones de mujeres combinan empleo con trabajo de cuidados, por lo que adelantar el cierre escolar altera la dinámica familiar y laboral. El sector empresarial plantea que las instituciones pueden buscar alternativas como escalonamiento de horarios, clases híbridas y suspensión focalizada, en vez de concluir anticipadamente el ciclo en todo el país.
Estados rechazan y matizan el cierre anticipado
La reacción de los gobiernos estatales se divide entre rechazo, acatamiento parcial o aval a la medida. Jalisco y Guanajuato desconocen la instrucción y mantienen sus propios calendarios.
La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) precisa en un comunicado que “en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la SEP para concluir el ciclo escolar el cinco de junio”. El calendario local indica que las clases concluirán el 30 de junio, con suspensión presencial solo durante partidos del Mundial en Guadalajara.
En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García exhorta a la SEP a revisar su decisión y advierte que las aulas del estado están adaptadas a las altas temperaturas. Subraya que el estado no es sede mundialista y que la prioridad debe ser enfrentar el rezago educativo y facilitar la transición escolar. La gobernadora recoge la inquietud “de padres y madres que trabajan y requieren espacios seguros para atender a sus hijas e hijos”.
En contraste, Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, se alineó con el acuerdo nacional tras consultar con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Su titular de Educación, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, explica que la decisión busca “evitar las altas temperaturas de junio y julio y asegurar el cumplimiento de los planes de estudio”. Chihuahua afirma que ya ha implementado ajustes similares “minimizando cualquier efecto negativo”.
En Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda anuncia que el ciclo escolar terminará el 19 de junio, con talleres y campamentos deportivos del 22 de junio al 8 de julio, para “atender a quienes lo necesiten”. García reconoce que la modificación federal “representa una complicación para la rutina diaria” y limita el desarrollo educativo.
Fuente: Infobae
