Por: Art1llero
Las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, un senador y otros funcionarios estatales de Sinaloa, han colocado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ante un dilema definitorio.
La presión de Washington es extrema y el costo político, inevitable. Sheinbaum debe navegar por una línea muy delgada: defender la soberanía nacional y rechazar la injerencia extranjera, o encubrir a políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
La decisión de entregar a los acusados implicaría reconocer la infiltración del narco en las filas de la “Cuarta Transformación”, un golpe duro a la credibilidad del movimiento. Por otro lado, protegerlos significaría un enfrentamiento abierto con Estados Unidos y el desgaste político que conlleva defender a figuras cuestionadas.
Lo que Sheinbaum decida definirá no solo su relación con el vecino del norte, sino el futuro y la legitimidad de su propio gobierno.
