La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la primera orden de aprehensión que se libró en 2021 contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas (2016-2022), por delincuencia organizada y lavado de dinero, que había sido frenada por un juez de distrito, por lo que dio luz verde a que se ejecute.
Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que revocó el amparo que concedió en 2023 una juez federal al panista y que evitaba su detención. No obstante, los ocho ministros formularon críticas a la metodología y a diversos argumentos de la propuesta, por lo que la ponente prometió atender algunos comentarios en la redacción de la sentencia final.
La Corte concluyó que el juez de amparo rebasó los límites del control constitucional al realizar una valoración sustantiva de los datos, propia del proceso penal y no de una etapa preliminar. “El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar de acreditación superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, señaló Batres.
La orden de captura se reactivará una vez que la Corte emita el engrose y lo notifique al juez de control en Almoloya de Juárez, quien deberá ejecutarla conforme a lo resuelto.
Con su fallo, el máximo tribunal fijó el criterio de que para librar una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la existencia de delito y la probable participación del imputado.
El caso surgió por denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República contra el político panista por presunto lavado de dinero.
La acusación señala un esquema de triangulación de recursos en contratos de obra pública en Tamaulipas, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria, con indicios como discrepancias entre ingresos y depósitos, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de 7 millones de dólares a nombre de su madre.
El 23 de febrero de 2021, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces gobernador, lo que fue aprobado el 30 de abril; el 18 de mayo se libró una primera orden de aprehensión, que en agosto de 2022 fue invalidada por la Corte al considerar que invadía facultades del Congreso de Tamaulipas mientras seguía en el cargo.
Tras concluir su mandato el 30 de septiembre de 2022, la FGR obtuvo una segunda orden el 4 de octubre por delincuencia organizada y lavado de dinero. El ex mandatario promovió un amparo, concedido en noviembre de 2023 por una jueza federal por insuficiencia de pruebas, pero el caso fue atraído en 2025 y la Corte revocó la sentencia y negó la protección.
García Cabeza de Vaca afirmó que la SCJN perdió su autonomía y su situación deriva de su confrontación legal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus denuncias de una presunta red de huachicol fiscal. En un video en redes sociales, advirtió que “cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en herramienta de la persecución política”.
También acusó al partido Morena de buscar someter al Poder Judicial y señaló que la Corte persigue a un opositor. Reprobó que el asunto avanzara con la nueva integración y la ministra Batres Guadarrama, y afirmó que el proceso sigue abierto: “Este juicio aún no es definitivo; mi situación jurídica no está resuelta y no se me ha imputado ningún delito”.
Fuente: La Jornada
