Jesús Utrilla / NV Noticias
La violencia vicaria en Veracruz fue tipificada apenas a mediados del año pasado,
sin embargo, su aplicación enfrenta rezagos por falta de capacitación, recursos y registros adecuados en las fiscalías, advirtió la abogada Martha Márquez.
Este tipo de violencia quedó incorporado tanto en el Código Civil como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se define como cualquier acción destinada a dañar a una mujer a través de terceras personas. Entre las conductas tipificadas se encuentran las amenazas, la sustracción o retención de menores, así como la interposición de acciones legales basadas en mentiras o hechos falsos.
“Lo más común es que se ejerza mediante los hijos o hijas, pero también puede darse a través de mascotas, personas cuidadoras o incluso de los padres y madres de las mujeres. La finalidad siempre es la misma: causarles daño”.
No obstante, en Veracruz no existe una cifra precisa de casos, ya que muchas denuncias continúan siendo registradas como sustracción o retención de menores, delitos que ya estaban contemplados previamente en el Código Penal. “Hasta el último dato que se dio a conocer, había más de mil carpetas de investigación iniciadas por violencia vicaria desde su tipificación, pero el número real podría ser mayor”.
La falta de registro también se replica en el ámbito civil, particularmente en los juicios de guarda y custodia, donde muchas mujeres son víctimas de violencia vicaria sin que exista un conteo claro. Atribuyó esta situación a la falta de capacitación con perspectiva de género, así como a la carencia de personal y recursos en las fiscalías.
“La Fiscalía Especializada en Veracruz atiende a varios municipios aledaños y no hay personal suficiente para la alta demanda. Además, estos delitos requieren más diligencias, peritajes y personal especializado que hoy no existen”.
En cuanto a las sanciones, Márquez precisó que la violencia vicaria contempla penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta 500 UMAs, aunque aclaró que no se considera un delito grave y que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de sentencias firmes.
Finalmente, advirtió que la falta de recursos impacta directamente en el acceso a la justicia de las mujeres, quienes suelen ser revictimizadas al denunciar.
