Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz iniciará el análisis de las solicitudes de desafuero promovidas contra los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, luego de que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales avalaron la continuidad de ambos procedimientos.
Con esta determinación, el órgano legislativo deberá revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), recibir las defensas de los presidentes municipales y definir si propone al Pleno del Congreso retirarles la inmunidad procesal.
Ambos ediles, postulados por Movimiento Ciudadano, disponen de un plazo de siete días para responder a los señalamientos mediante un escrito de defensa o comparecer personalmente ante los diputados encargados de integrar los expedientes.
En el caso de Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, la Fiscalía lo investiga por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas.
De acuerdo con la investigación, el alcalde se reunió en su domicilio con el empresario y su escolta para presentarle a una persona identificada como jefe de plaza. Además, cámaras de videovigilancia registraron la llegada de la camioneta en la que viajaban las dos víctimas, pero no captaron su salida ni la del vehículo.
En cuanto al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, fue señalado por un testigo dentro de la investigación relacionada con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.
Según esa declaración, el testigo escuchó al edil comunicarse con un presunto jefe criminal que opera en la región para solicitar que privaran de la libertad a la periodista, debido a que presuntamente tenía una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.
Una vez agotada la etapa de revisión de pruebas y defensas, la Comisión Permanente Instructora determinará si existen elementos para plantear al Pleno del Congreso del Estado el retiro del fuero constitucional de ambos presidentes municipales.
