Por Art1llero
El Gobierno de México anunció este domingo la detención de 14 personas vinculadas al tráfico de combustible. A primera vista podría parecer un operativo más, pero no lo es, entre los capturados se encuentran elementos de la Marina, empresarios y funcionarios federales de la ASIPONA de Tampico y Altamira.
A ello se suma un movimiento judicial de gran alcance: más de 200 órdenes de aprehensión giradas contra empresarios, transportistas, gasolineros, agentes aduanales, así como funcionarios federales de puertos, aduanas y otros elementos de la Marina.
La operación, en su conjunto, representa un golpe frontal contra las redes de corrupción que, desde el interior del Estado y del sector privado, sostienen al crimen organizado; al mismo tiempo, es un mensaje político de fondo: la administración de Claudia Sheinbaum no tolerará la corrupción, aunque esta toque a sectores estratégicos del Estado.
La diferencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es clara, en el anterior sexenio, pese al discurso inicial contra el huachicol, el fenómeno no desapareció; la política de “abrazos, no balazos” y la tendencia a minimizar actos de corrupción en el propio aparato público terminaron por proyectar una imagen de tolerancia selectiva.
Hoy, Sheinbaum busca construir una narrativa distinta, la de un gobierno que enfrenta tanto al crimen organizado como a las complicidades institucionales que lo sostienen.
Que entre los detenidos haya marinos de alto rango es un hecho de gran trascendencia. La Marina había sido presentada en los últimos años como un pilar confiable de la seguridad nacional; sin embargo, las investigaciones revelan que también ahí han penetrado las redes del crimen. La detención de empresarios y de funcionarios portuarios completa el cuadro de un problema estructural, el tráfico de combustible no sería posible sin la colusión de intereses privados, políticos y militares.
Pero el escenario no se limita a la política interna, desde hace meses el gobierno mexicano enfrenta la presión de Washington; Donald Trump y algunos de sus secretarios de Estado, han insistido en responsabilizar a México de la crisis del fentanilo y el tráfico de combustible, y la reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, no puede leerse sino como un recordatorio de esa presión constante.
Ante ello, la presidenta ha sido clara: México está dispuesto a cooperar, pero nunca a subordinarse. La postura oficial sostiene que el problema es compartido y debe tratarse como tal, mediante una agenda conjunta y con acciones coordinadas. No se trata de negar la corresponsabilidad, sino de exigir un trato de socios, no de subordinados.
La detención de estas 14 personas, sumada a la emisión de más de 200 órdenes de aprehensión, es, sin duda, un golpe en la mesa. Pero el verdadero desafío radica en la consistencia.
¿Será capaz el gobierno de Sheinbaum de sostener esta línea cuando los tentáculos de la corrupción alcancen a esferas más altas del poder político y económico? ¿Logrará mantener la colaboración con Estados Unidos sin comprometer la soberanía nacional?
El país ha visto demasiadas promesas incumplidas como para confiar ciegamente. Sin embargo, este operativo abre un margen de expectativa, la presidenta busca diferenciarse de su antecesor y enviar una señal clara de que la impunidad no será tolerada, aunque involucre a militares, empresarios o funcionarios de alto nivel.
