Frente al proceso que inició el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los indicios de que en México esta práctica es generalizada o sistemática, el Estado debe abrirse al diálogo y a la cooperación internacional, afirmaron expertos.
Luciano Hazan, ex miembro del comité y del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, expuso que no debe sorprender que se haya invocado el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, en abril pasado, a través del cual el asunto podría llegar a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Desde el año 2015, dijo, el CDF concluyó que existían desapariciones forzadas generalizadas en territorios particulares del país, en el marco del primer examen del informe que el Estado mexicano presentó.
Además, señaló que México es el “que más acciones urgentes” tiene ante el Comité para que de manera inmediata se instrumenten medidas para buscar, localizar y proteger a víctimas de desaparición. En la solicitud de información que hizo al Estado, señaló que suma 757 mecanismos de este tipo, entre 2012 y el 18 de junio de 2025.
A esto, dijo Hazan, se añade la visita que realizaron integrantes del CDF a México en noviembre de 2021, lo que derivó en un informe y recomendaciones.
En un conversatorio virtual, el experto argentino destacó que pese a todos estos mecanismos para atender el problema, “vimos un aumento y progresión de las desapariciones, es decir, lejos de mejorar la situación, fue empeorando. Fue un gran hito estadístico, que tuvo un fuerte impacto público para las familias, político, para la comunidad internacional, para el propio Estado mexicano, que se superara las 100 mil desapariciones”.
