La violencia del crimen organizado en Perú ha alcanzado un nuevo y alarmante nivel: al menos 500 colegios han sido extorsionados a nivel nacional, lo que ha afectado a miles de estudiantes y obligado a cientos de instituciones a cerrar sus puertas.
Del total de escuelas amenazadas, 325 han suspendido clases presenciales indefinidamente y migrado a la educación virtual, según informó Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que agrupa a colegios afectados. Las amenazas incluyen mensajes intimidantes, cobros extorsivos y advertencias armadas que han sembrado el miedo entre alumnos, docentes y padres de familia.
“Es prácticamente como una pandemia, pero con armas”, describe un padre de familia en el distrito limeño de Comas, mientras acompaña a su hijo de 13 años a clases en medio de vigilancia militar.
Ante el colapso del orden público, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en Lima desde el 18 de marzo, autorizando el despliegue de militares en apoyo a la Policía Nacional para frenar la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas sistemáticas que hoy forman parte de la vida cotidiana en barrios enteros de la capital.
Sin embargo, el rechazo popular hacia el gobierno se mantiene en niveles históricos: un 93 % de la población desaprueba la gestión de Boluarte, según encuestas recientes, ubicándola entre las mandatarias más impopulares del mundo.
La situación ha desbordado incluso los registros oficiales. Según la Policía, en lo que va de 2024 se han recibido 19,443 denuncias por extorsión, frente a las 22,294 de todo 2023. Aun así, las autoridades reconocen que miles de víctimas no denuncian por miedo a represalias.
El impacto psicológico en los menores también es profundo. “¿Cómo explicarle a mi hijo que si escucha un disparo debe esconderse bajo su pupitre?”, se pregunta una madre de familia cuyo hijo de seis años ahora toma clases virtuales, luego de que el colegio Pitágoras suspendiera actividades tras recibir amenazas.
La expansión de la extorsión al sistema educativo representa un nuevo y grave síntoma del avance del crimen organizado en Perú, que durante los últimos tres años ha atacado sistemáticamente a comerciantes, transportistas y ahora, también, a las escuelas.
