Jesús Utrilla / NV Noticias
La justicia no puede seguir castigando a quienes debería proteger. Este es el clamor en torno al caso de J.G.P.V., una mujer que fue víctima de violencia y privación de la libertad por parte de su pareja sentimental, pero que, en un giro absurdo y alarmante, terminó tras las rejas junto a sus captores.
El pasado 26 de marzo se llevó a cabo la audiencia de apelación en la Quinta Sala Penal, dentro del expediente TOCA 617/2024, donde las magistradas y el magistrado escucharon de viva voz el testimonio desgarrador de J.G.P.V.. Su historia es una de esas que hacen dudar del sistema judicial: una mujer retenida en contra de su voluntad, sometida a violencia, y que ahora comparte celda con quienes la sometieron, debido a una sentencia que no tomó en cuenta la perspectiva de género ni las circunstancias particulares de su caso.
Ahora, la Quinta Sala Penal tiene la oportunidad de corregir esta grave injusticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido claramente la obligación de juzgar con perspectiva de género, reconociendo que muchas mujeres víctimas de violencia terminan criminalizadas por un sistema insensible a su realidad. No aplicar este principio no solo sería una negligencia, sino un atropello a los derechos humanos.
El Poder Judicial del estado, en un contexto de elecciones y renovación de mandatos, debe demostrar que su interés primordial es la justicia y no las conveniencias políticas. La decisión que se tome en este caso será una prueba clara de su compromiso con los derechos de las mujeres y con una impartición de justicia que no revictimice a quienes ya han sufrido lo indecible.
La Quinta Sala Penal tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia y, sobre todo, de hacer justicia.
