Jesús Utrilla / NV Noticias
En un fallo que ha causado indignación entre colectivos feministas y defensores de derechos humanos, la Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Veracruz ratificó una condena de 50 años de prisión contra Jazmín, una joven víctima de violencia de género, tratándola como criminal por los mismos hechos en los que fue violentada.
El caso, identificado en los tribunales como el Toca 617/24, revela una alarmante omisión de perspectiva de género en la administración de justicia. Pese a que Jazmín fue retenida y violentada por su entonces pareja sentimental, el Tribunal Superior de Justicia, optó por confirmar la sentencia, ignorando el contexto de violencia estructural que envolvía el caso.
En lugar de ser tratada como víctima, Jazmín fue criminalizada. Durante el proceso judicial no se reconoció su condición de mujer violentada ni se aplicaron criterios de protección que establece la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos y género. A pesar de que la defensa presentó evidencia sobre la situación de control, amenazas y coerción que vivió, las magistradas desestimaron todo indicio que cuestionara la versión oficial.
Además del fallo, la situación de Jazmín se agrava por sus condiciones personales. Al momento de ser sentenciada, era madre de un bebé de apenas tres meses, lo que añade un componente de crueldad institucional al separar a una madre de su hijo por una decisión judicial carente de sensibilidad y contexto.
