Jesús Utrilla / NV Noticias
El caso de tortura contra Antonio del Río Argudín, acreditado bajo estándares internacionales como el Protocolo de Estambul, revela omisiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
A pesar de contar con pruebas contundentes y dictámenes periciales, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para garantizar justicia ni reparación del daño, lo que perpetúa un preocupante estado de impunidad.
En diciembre de 2024, la CEDH recibió un dictamen psicológico que confirma los actos de tortura sufridos por Del Río Argudín.
Este documento, elaborado por la especialista Laura Silvia de Castro Quintana, está basado en el Protocolo de Estambul y respalda las denuncias contenidas en la Carpeta de Investigación N° FEIDT/308/22. Dicho protocolo obliga a los Estados firmantes, como México, a actuar de manera diligente en casos de tortura, considerada un delito de lesa humanidad.
Sin embargo, hasta ahora, la CEDH no ha emitido una recomendación dirigida al Gobierno del Estado de Veracruz, acción que sería fundamental para atender el caso.
Los hechos ocurrieron durante la pasada administración estatal, en un centro de detención regional conocido como “El Penalito”.
Según los señalamientos, el caso dejó secuelas físicas y emocionales irreversibles para Del Río Argudín, pero la FGE no ha judicializado el caso ni ha cumplido con su deber de procurar justicia.
Este escenario pone en duda el compromiso de las instituciones locales con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en la materia.
El caso de tortura contra Antonio del Río Argudín, acreditado bajo estándares internacionales como el Protocolo de Estambul, revela omisiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
A pesar de contar con pruebas contundentes y dictámenes periciales, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para garantizar justicia ni reparación del daño, lo que perpetúa un preocupante estado de impunidad.
En diciembre de 2024, la CEDH recibió un dictamen psicológico que confirma los actos de tortura sufridos por Del Río Argudín.
Este documento, elaborado por la especialista Laura Silvia de Castro Quintana, está basado en el Protocolo de Estambul y respalda las denuncias contenidas en la Carpeta de Investigación N° FEIDT/308/22. Dicho protocolo obliga a los Estados firmantes, como México, a actuar de manera diligente en casos de tortura, considerada un delito de lesa humanidad.
Sin embargo, hasta ahora, la CEDH no ha emitido una recomendación dirigida al Gobierno del Estado de Veracruz, acción que sería fundamental para atender el caso.
Los hechos ocurrieron durante la pasada administración estatal, en un centro de detención regional conocido como “El Penalito”.
Según los señalamientos, el caso dejó secuelas físicas y emocionales irreversibles para Del Río Argudín, pero la FGE no ha judicializado el caso ni ha cumplido con su deber de procurar justicia.
Este escenario pone en duda el compromiso de las instituciones locales con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en la materia.
