En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera perdió más de 37 mil 434 millones de pesos en tribunales, el 84.8 por ciento de lo que había congelado debido a que aquellos a quienes se les había aplicado esta medida acudieron al Poder Judicial y echaron mano de la llamada “jurisprudencia Medina Mora” para recuperar sus fondos.
Esto podría empeorar a partir del 2025, pues, por decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte, desde cárteles de la droga hasta cualquier persona acusada de presuntos vínculos con lavado de dinero, podría recuperar sus cuentas bancarias de manera casi exprés.
MILENIO confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó ante el gabinete de seguridad federal que, de enero de 2019 ―un mes después del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador― y con corte a noviembre de 2024 ―dos meses después del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum―, bloqueó 44 mil 148 millones 301 mil 899 pesos del sistema financiero, pero tuvo que liberar 37 mil 434 millones 185 mil 734 pesos.
De este monto descongelado, 19 mil 385 millones 92 mil 983.05 pesos se tratan de suspensiones definitivas que beneficiaron a mil 224 personas que usaron como llave de impunidad la llamada ‘jurisprudencia Medina Mora’, que obliga a la UIF a depender de autoridades extranjeras y tener que acreditar que fueron éstas las que pidieron el bloqueo de personas en el sistema financiero, sin que baste que México tenga sus propias investigaciones por delitos relacionados con lavado de dinero.
Con las recientes decisiones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UIF no sólo tendrá que probar forzosamente una solicitud expresa de un gobierno extranjero, además, habrá un segundo beneficio exprés, pues bastará con un amparo provisional para que puedan de manera inmediata recuperar sus cuentas y mover su dinero dentro o fuera del país.
Si la UIF impugna y después se revierte esa primera decisión, ya no habrá manera de recuperar el dinero aparentemente ilícito.
Cárteles, factureras, familiares y operadores de capos, políticos que se enriquecieron inexplicablemente y redes de abuso sexual y corrupción se han visto beneficiados y se verán todavía más con estas decisiones de la Corte, que obstaculizan el actuar de la UIF para lo que la dependencia llama “blindar el sistema financiero mexicano del dinero ilícito”.
Uno de los mayores beneficiados fue Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, quien MILENIO reveló e 2020 que logró recuperar 800 millones de pesos.
Otros favorecidos fueron la Luz del Mundo que recuperó nueve cuentas bancarias de la Iglesia del Dios Vivo Columna Apoyo de la Verdad pese a estar vinculada con los delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín; el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y considerado prófugo de la justicia, así como su esposa Mariana Gómez Leal.
Además de la red del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, pues a pesar de que su cuenta bancaria sigue bloqueada y que este medio reveló que tenía apenas 21 mil pesos; así como su esposa Linda Cristina Pereyra y otros socios, además de su hombre de confianza Luis Cárdenas Palomino.
También se beneficiaron cientos de personas vinculadas con el crimen organizado o cárteles de la droga, incluida Sofía Guzmán, nieta de Joaquín El Chapo Guzmán, quien peleó para que no la vincularan con las investigaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
La llamada ‘jurisprudencia Medina Mora’, ha sido un constante calvario para la UIF en la protección del sistema financiero mexicano, y que, a pesar de llevar al menos tres años pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revierta este criterio, por el contrario, en noviembre pasado lo reforzó.
Esta jurisprudencia, de quien el ex ministro Eduardo Medina Mora fue ponente, impuso a la UIF en 2018, que para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el bloqueo de alguna persona en el sistema financiero, debía acreditar la petición de una autoridad extranjera para hacerlo, dejando de lado la autonomía de México en investigaciones contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Fuente: Milenio
