El 15 de octubre de 2019 tres camionetas con civiles armados se toparon de frente con un convoy del Ejército Mexicano; un militar que iba en el vehículo de avanzada tenía en sus manos una metralleta capaz de realizar 800 tiros por minuto, aunque no logró vaciar su arma antes de ser asesinado, los disparos que hizo fueron suficientes para acabar con la vida de 14 presuntos integrantes de Guerreros Unidos: la masacre de Tepochica, Guerrero, se catalogó como la primera ejecución extrajudicial a manos de las Fuerzas Armadas en la era de la 4T; aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un oficio de queja por los hechos, el caso se reservó por cinco años y el discurso de “no somos iguales” de AMLO comenzó a tambalearse.
Justo al final de su administración y contrario a su promesa de campaña, el Congreso de la Unión discutió y aprobó la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se consolide el paso de la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); los políticos afines al partido en el poder afirman que no es militarización y respaldan el discurso presidencial que apunta que la medida garantizará que la institución no se “pudra” como ocurrió con la Policía Federal.
“En México no hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura”, lanzó la senadora Andrea Chávez en defensa de la reforma a la Guardia Nacional.
Las declaraciones de la senadora por Chihuahua coinciden -son una calca- de las pronunciadas por AMLO durante su conferencia mañanera del 26 de agosto de 2024: “No desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales, así de sencillo”.
Fuente: Infobae
