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Un mes después: balance electoral para las mujeres

Por Mónica Mendoza Madrigal

Hace exactamente un mes amanecimos con los resultados de una jornada electoral histórica por varias razones, no todas necesariamente para bien. Congruente con mi convicción feminista y con el objetivo de esta columna, analizaremos aquí frutos de la elección con lentes violeta.

Ríos de tinta se han escrito ya celebrando y abundando sobre la llegada de la primera mujer Presidenta de México, el cumplimiento de la paridad legislativa y el avance de mujeres gobernadoras, pero es necesario trascender a los vítores de la numeralia y decir que los partidos –todos– utilizaron la paridad para postular mujeres que fueran cómodas al poder político, que sigue siendo masculino. Salvo pocos casos, lo que se vio fue la reproducción de cacicazgos, juaniteos y mujeres que sin agenda de derechos para las mujeres ocuparon la mitad de las candidaturas, requisito sin el cual los partidos no podían registrar las planillas.

Y no solo eso, un mes después es posible hacer balance de otro fenómeno que sucedió en campaña y que hoy –a la distancia– se ve mucho más claro: la suplantación de identidades para ganar candidaturas.

Desde 2021, las autoridades electorales definen criterios que garanticen la postulación de personas integrantes de grupos históricamente excluidos que mediante acciones afirmativas, buscan incluir a las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, de pueblos originarios, afrodescendientes y de las juventudes, buscando con ello que la democracia sea representativa y no excluyente de su presencia, con voz y voto.

Hoy tenemos claro que Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Zacatecas fueron las entidades en donde hubo mayor suplantación de la identidad, lo que –en investigación publicada ayer por El Universal– significaría que al menos 11 de las 65 personas que fueron electas para una curul o escaño de la Legislatura que iniciará en septiembre, habrían suplantado una acción afirmativa.

Cada persona que arriba a una posición usurpando a un grupo históricamente discriminado, le quita la posibilidad a éste de llevar al espacio público esa representación y la agenda de temas que le son de urgente atención; lo que es una vileza es que lamentablemente este engaño es efectuado con la aprobación de los partidos, que se prestan al juego de postularles a sabiendas de que es solo un vehículo para asegurar su acceso al puesto aspirado.

Siendo la mía la agenda de mujeres, he sido muy enfática en defender el hecho de que las posiciones de mujeres son para mujeres. Esta postura de ningún modo resta ni minimiza los legítimos derechos de ser representadas a las personas de la diversidad sexual, pero lamentablemente es utilizada por institutos políticos que violentan a las mujeres y violentan a las personas de la diversidad, usurpando identidades al postular supuestas transexuales mujeres, en agravio de la agenda de ambos grupos.

En específico, ocho mujeres supuestamente transgénero fueron postuladas y ganaron como alcaldesas en Michoacán con identidades de hombre, lo que también ocurrió en San Luis Potosí y Guanajuato: aparecen registrados como hombres, pero ocupan posiciones de cuota de género de la diversidad sexual. Ya los tribunales electorales investigan esos casos.

Este hecho en sí mismo constituye un fraude a la Constitución que debería implicar –desde luego– que esas personas que resultaron electas no ejerzan el cargo al que fueron postuladas mediante engaños; pero además debería implicar sanciones a los partidos que les postularon, que en este caso son todos. Absolutamente todos.
Donde los avances también han sido lentos es en la aplicación de la 3 de 3, que para efectos electorales fue la 8 de 8 y que llevó de nueva cuenta a varios impresentables a ser postulados –nada mejor para ilustrar esto que la nueva postulación de Félix Salgado Macedonio–. Estos sujetos acosadores sexuales, violentadores y deudores de pensión alimenticia no debieron ser postulados por partidos que –también– deberían ser multados por este incumplimiento; pero por lo pronto recibimos con satisfacción el saber que el Tribunal Electoral del Estado de México revocó la constancia de mayoría al diputado federal electo por el Partido Verde Ecologista Luis Alberto Carballo, por ser deudor alimentario.

Un tercer rubro que amerita análisis con lentes violeta es el relativo a la violencia política, misma que también se vio trasquilada por el imperio de los “otros datos”, ya que pese a haber sido el proceso electoral más violento de los últimos tiempos –en violencia hacia hombres y mujeres–, selectivamente la autoridad de Seguridad Pública reconoce solo aquellos hechos violentos ocurridos ya iniciada oficialmente la campaña, siendo que muchas de estas acciones ocurrieron en precampaña, impidiendo incluso que varios candidatos iniciaran sus labores de proselitismo.

El Laboratorio Electoral registra que hubo en total 95 personas asesinadas, de los cuales 78 eran hombres y 13 mujeres, 38 de los cuales eran aspirantes a una candidatura. Los homicidios de personas candidatas son parte de 338 casos de violencia electoral ocurridos entre el 4 de junio de 2023 y el 2 de junio de 2024, a lo cual se añaden 90 atentados, 134 amenazas y 20 secuestros.

Para Veracruz, el saldo fue de dos candidatos asesinados y por lo que a mujeres respecta, sigue ocupando el segundo lugar nacional en el Registro Nacional de Agresores de Violencia Política.

Habiendo hablado ya de cómo los todos los partidos intentaron incumplir con el principio constitucional de paridad, y cómo también violaron la ley al sí postular agresores, violentadores y deudores, toca el turno de voltear a mirar a quienes ganaron –no tan solo a las mujeres, pero sí fundamentalmente a ellas– y preguntarles ¿por qué un mes después de su triunfo, siguen sin presentar su agenda de mujeres?

Y esta pregunta también la planteo para el caso de Veracruz y su primera gobernadora.

@MonicaMendozaM

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