La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto que propone no sólo inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sino también negar las órdenes de arraigo y que, en los casos donde se denuncie tortura se ordene una investigación independiente donde no participen las autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de aprobarse la propuesta, ésta tendrá efectos generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
Fuentes judiciales revelaron que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó a sus homólogos el proyecto donde se propone la forma en que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe participar en el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso García Rodríguez y otro vs. México.
Pardo Rebolledo deja claro que “no se puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte IDH, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos”.
La Corte IDH determinó que, el Estado Mexicano resultó internacionalmente responsable por la inobservancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por establecer destacadamente a nivel constitucional las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, estableció, por una parte, dejar sin efectos, en el ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo, y por otra adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales que prevén a la prisión preventiva oficiosa, para que sea compatible con la Convención Americana.
Fuente: Milenio
