La Unidad de Inteligencia Financiera logró que una jueza de Florida ordenara que una de las empresas vinculadas a la presunta red de corrupción de Genaro García Luna, entregue a gobierno mexicano cuatro propiedades por un monto total de 2.5 millones de dólares en un plazo máximo de 10 días.
Se trata del primer triunfo de la UIF en el juicio civil que interpuso en Estados Unidos para que, de manera inédita, el gobierno mexicano recupere 19 propiedades que presuntamente se adquirieron con recursos que habrían sido desviados del gobierno federal en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, mediante contratos que las autoridades han calificado como “fraudulentos”.
La UIF informó que la jueza Lisa Walsh dio su veredicto sobre propiedades de la empresa Delta Integrator, bajo el argumento de que se acreditó que “los demandados incurriendo en la falta de omitir concurrir al juicio”, por lo que se ordenó entregar en un plazo máximo de 10 días las cuatro propiedades vinculadas con esta compañía.
Se trata de tres propiedades ya liquidadas por un monto de un millón 968 mil 250.25 dólares y uno más en Miami por 555 mil 800 dólares que todavía no termina de liquidarse.
La UIF vinculó estos departamentos tanto al ex secretario de Seguridad Pública del gobierno del ex presidente panista Felipe Calderón, como a su esposa Linda Cristina Pereyra a quien también han señalado y denunciado penalmente.
“En total, la jueza ha ordenado la entrega a México de USD 2,524,050.00 (dos millones quinientos veinticuatro mil 50 dólares), unos 44 millones de pesos mexicanos, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en Florida, EE.UU. por García Luna y Linda Cristina Pereyra con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México”.
La UIF destacó que es el primer triunfo del juicio que mantendrán hasta que concluya la disputa por 19 propiedades que implican el reclamo de un equivalente a 600 millones de dólares.
“La anterior es una primera recuperación de activos en Florida, productos de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante más de diez años, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los recursos repatriados serán destinados de conformidad con las leyes vigentes en beneficio del pueblo de México. El juicio civil en el que el gobierno de México reclama más de 600 millones de dólares, no ha terminado aún y continuará hasta su culminación”.
Fuente: Milenio
