El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ‘Ley 3 de 3’, que prohíbe el acceso a la ocupación de un cargo de elección popular a las personas que tengan antecedentes de violencia familiar, de género o sean deudores alimentarios.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Político-Electorales que fue aprobado, reforma el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Al presentar el dictamen a favor de la propuesta en tribuna, la diputada de Morena, Yuriri Ayala, dijo que las personas que desempeñan un cargo público o de elección popular deben ser el ejemplo de respeto a los derechos de todas las personas.
Al respecto, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, dijo que la aprobación significa un acto de justicia.
“Significa un acto de justicia, pues quienes son irresponsables o violentos en su ámbito familiar, no están en condiciones de ser candidatos u ocupar un cargo en la administración pública”, expresó.
Agregó que quienes son señalados por violencia no deberían acceder a ningún cargo público y que la iniciativa constituye un avance contundente para erradicar la violencia contra las mujeres y un requisito indispensable para la construcción de una ciudad más pacífica e igualitaria.
La iniciativa fue retomada de parte de colectivas de mujeres en la sociedad civil, con lo que se impide que los cargos en el servicio público y la Fiscalía General de Justicia sean ocupados por personas que cuenten con sentencia por haber cometido delitos contra la vida, integridad corporal, libertad o desarrollo.
La diputada Valeria Cruz afirmó que el dictamen representa un paso firme en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y reafirmó el compromiso legislativo para cerrar el paso a todas las formas de violencia.
Fuente: Milenio
