Jesús Utrilla | NV Noticias
Veracruz. – A pesar de que se legalizó el aborto en Veracruz hasta las 12 semanas de gestación, a las mujeres les cuesta ser atendidas y concretar ese derecho en las instituciones de salud, señaló Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de la Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana.
Dijo que en muchos casos la atención se las dan tardía y por lo tanto rebasan los tres meses en los que podrían interrumpir legalmente el embarazo.
“Creo que hay problemas, hay una serie de hechos que apuntan a que se están teniendo problemas para poder concretar y beneficiar a la población de mujeres en Veracruz. Hay mujeres que acuden al IMSS o el ISSSTE y se les niega el servicio, por ejemplo”.
Acusó que en organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no les practican abortos.
Dijo desconocer si las instituciones retrasan con intenciones la atención de las mujeres, sin embargo, los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco llegan a acatarse.
El artículo 150 del Código Penal de Veracruz establece sanciones transcurridas las primeras 12 semanas de gestación. Después de dicho periodo, se contemplan penas de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, lo cual consiste en medidas integrales de salud para mujeres.
En tanto, las personas que hagan abortar a una mujer sin el consentimiento de ella, tras dicho periodo, puede enfrentar de 15 días a dos meses de prisión, o de cincuenta a cien días de trabajo comunitario, así como una multa de hasta 75 días de Unidad de Medida de Actualización (UMA).
“A veces por diferentes situaciones de los servicios de salud se les complica el acceso pronto y recordemos que la legalización es hasta las 12 semanas, entonces hay problemas de orden burocrático, principalmente en entidades del gobierno federal como son el IMSS y el ISSSTE”.
Recordó que tal es la situación de riesgo que viven las mujeres en Veracruz, que se busca una tercera alerta de género ante los altos números de desaparición. El recurso se interpuso desde 2019 pero por diversas situaciones hasta 2021 se retomaron los trabajos, en 2022 se integró un grupo de seguimiento pero aún no se concreta la alerta.
