Por alegar de forma genérica y sin poder comprobar afectaciones concretas, el Tribunal Electoral desechó 677 demandas ciudadanas en contra de la entrada en vigor del llamado Plan B de la reforma electoral.
Ante los llamados de algunas voces de la academia, sociedad civil e incluso del Instituto Nacional Electoral (INE) para que todas las personas acudieran a las instancias correspondientes a impugnar la presunta inconstitucionalidad, afectaciones y regresiones de la reforma electoral, el Tribunal Electoral comenzó a recibir centenas de juicios de los cuales, hoy desechó 677 por falta de elementos.
En proyectos de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Mónica Soto concluyeron en distintos casos y tras diversos argumentos expuestos, que “no existe un acto concreto e individualizado que afecte de forma directa y personal a las personas accionantes ya que se imputa en abstracto la no conformidad”.
Entre lo alegado en estas centenas de impugnaciones, las personas alegaron que la reforma electoral vulnera sus derechos político-electorales, que los cambios aprobados son regresivos en materia de derechos fundamentales y que inciden en la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, en todos los casos, las magistraturas concluyeron que “el Tribunal Electoral no puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales por su sola entrada en vigor, es decir, sin un acto concreto de aplicación. Se consideró, además, que el Tribunal Electoral carece de facultades para analizar normas en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto.
Mientras que el magistrado Indalfer Infante Gonzáles incluso consideró que en algunos casos, las personas que presentaron ni siquiera tienen legitimación para lo que impugnaron.
Con esta resolución, suman 927 juicios electorales desechados, con los 250 que se descartaron en la sesión del 9 de marzo, apenas unos días después de la entrada en vigor del Plan B.
Fuente: Milenio
