Aunado al actual ejercicio fiscal por 3 mil 064 millones de pesos para la Universidad Veracruzana (UV), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que en la primera mitad del año se entrega un subsidio extraordinario de 250 más, que tiene como principales objetivos ampliar la matrícula de nuevo ingreso y fortalecer la investigación.
De este monto, el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez y la Junta de Gobierno proyectaron destinar 143 mil millones a mejorar la excelencia académica, ampliando la matricula estudiantil y optimizando los planes de estudio; 94 mil a incentivar y difundir la investigación, y 13 mil a promover la inclusión de grupos vulnerables.
En este sentido, Veracruz le cumple a su máxima casa de estudios con lo establecido en la ley y le apoya decididamente por su importancia en la formación de al menos 66 mil jóvenes, zanjando así las falsas acusaciones de no cubrir el 4 por ciento del presupuesto.
Mientras que en diciembre se debatió un presunto recorte de 50 mdp, la cifra depositada en el primer semestre es mayor al triple; aunado a ello, el Gobierno del Estado asume el 52% del gasto, sin olvidar que en 2020 y 2021 otorgó más de 3 mil millones para liquidar los pendientes de Impuesto sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A su vez, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dio cuenta de cómo en 2020 la UV ejerció 7 mil 579 mdp, de los cuales 2 mil 832 fueron subsidio federal y 4 mil 747 estatal, y que en esta última cifra van incluidos mil 685 por concepto del ISR.
Muy similar en 2021, cuando el importe ascendió a 7 mil 547, la Federación envió 2 mil 845 y Veracruz 4 mil 702, mil 639 de éstos destinados a pagar el adeudo arrastrado desde 2014, “resultado de un buen manejo del erario y una política de disciplina financiera”.
Finalmente, al comparar año con año lo aprobado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, se puede observar que, de 2022 al presente, los recursos pasaron de 3 mil 073 a 3 mil 314 millones, lo que significa un aumento final superior al 10%; mucho más de lo que por ley el Gobierno estatal está obligado a aportar.
