La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no es atentatoria contra la Constitución Política del país, por lo cual no consideran que se estén violentando los derechos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral al ser un organismo autónomo.
A través de un pronunciamiento, la Comisión precisó que no hay ninguna disposición constitucional expresa que determine cómo deben estructurarse y organizarse los institutos electorales; asimismo dijo que si bien es cierto que la Constitución es muy clara en cuanto a que son autónomos, las atribuciones conferidas y, en general, la naturaleza de sus actos, pero no mandata estrictamente cuáles serán los órganos con los que deben contar.
Además, no se advierte que con la reforma se hayan disminuido, reducido ni privado de las funciones que constitucionalmente le competen, es decir, no se reduce su ámbito de atribuciones. Por el contrario, quedan a su cargo las mismas funciones, solo que cambiaría el reparto de responsabilidades y funciones por la modificación a diversos órganos del INE.
En el documento también explicaron que no se incluyeron preceptos que puedan interpretarse en el sentido de que le obliguen a tomar sus decisiones en determinada dirección, por lo cual su autonomía quedaría intacta.
“La reestructura orgánica de este tipo de organismos no influye o impacta en su autonomía e independencia, pues el INE seguirá tomando sus determinaciones según su ámbito de competencia, sin la injerencia de ningún otro poder u organismo; lo que por lo demás, es responsabilidad de sus integrantes garantizar”, explicaron en el documento.
La CNDH explicó que la reforma busca eliminar los excesos en que ha incurrido el INE y sus antecesores, ya que los organismos electorales históricamente sólo han servido para mantener vicios que por años han manchado los procesos electorales.
Por lo cual reiteraron que es importante recordar que esos institutos también ejecutan gasto público, por lo que, conforme a la Norma Fundamental, están obligados a observar el principio de austeridad.
Para finalizar precisaron, que no hay tal riesgo, ya que si bien el reto del escenario que conlleva una reforma de la magnitud de la que se pretende, es mayor. En todo caso, considerando que el posible cambio en el sistema normativo electoral es un tema de interés general, por esa razón, debe separarse su análisis de cualquier prejuicio interesado, y trascender del ámbito exclusivo de los partidos políticos, hacia toda la ciudadanía en general, la actora principal.
“Con estas reflexiones, la CNDH busca abonar al debate público, desde su ámbito de atribuciones y siempre bajo una perspectiva de derechos humanos, y contribuir al perfeccionamiento del orden normativo y, con ello, a la consolidación de las mejores prácticas en el desempeño público, y en este caso en particular, en el ejercicio del derecho a la democracia, que tan esencial es para la salvaguarda de los derechos humanos”, puntualizó la CNDH.
Fuente: Milenio
