La administración del presidente Donald Trump instruyó esta semana a los fiscales federales a utilizar las leyes antiterroristas para perseguir a los funcionarios mexicanos presuntos cómplices del narcotráfico, lo que representa una escalada significativa en su campaña contra el narcotráfico procedente de México, informó The New York Times citando a un funcionario estadunidense familiarizado con las declaraciones.
Esa nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de las oficinas regionales y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del gobierno que casi con seguridad tensará aún más su relación con México.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, declaró Singh, con base en los comentarios del funcionario estadunidense, que no estaba autorizado a hablar públicamente.
Singh instó a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de brindar apoyo material a organizaciones terroristas, además de por delitos de narcotráfico.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, dijo. “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la guinda del pastel para nosotros”.
Esta iniciativa representa la más reciente expansión de la política de línea dura que ha caracterizado la agenda de Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas.
La directiva del Departamento de Justicia, que no se había dado a conocer previamente, se produce dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York acusaron al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, también miembro del partido gobernante, y a otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados.
Fuente: La Jornada
