La embajada de Estados Unidos en México ha enviado diversos reportes al gobierno de Joe Biden, en los que evalúa potenciales amenazas a la democracia en el país, de acuerdo con información del New York Times.
La nota publicada en la primera plana del medio señala que según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente, se han enviado dichos reportes a Washington.
La víspera, el Senado de la República aprobó con el voto de Morena y sus aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde eliminó la llamada cláusula de vida eterna de los partidos satélites.
El diario recueda que desde que perdió una elección presidencial en 2006 por menos de 1% del voto, López Obrador ha insistido, sin evidencias, en que el Instituto Nacional Electoral (INE) perpetró fraude electoral, una afirmación que recuerda a la teoría de la conspiración que planteó Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil.
El escepticismo fue compartido incluso por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo alTimesque también él tenía dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales de 2006.
Sin embargo, el principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden, Juan S. González, aclaró posteriormente que el gobierno reconocía el resultado de aquella contienda.
La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando reportes a Washington para evaluar amenazas potenciales a la democracia en suelo mexicano. Algunos legisladores estadounidenses también han expresado su preocupación por la reforma electoral, pero la administración Biden ha dicho poco sobre el tema en público.
Funcionarios estadounidenses dijeron al Times que el gobierno estadounidense ve pocas ventajas en provocar a López Obrador, y confía en que las instituciones mexicanas son capaces de defenderse ellas mismas.
El medio habló con Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuevas argumentó que los cambios al INE obedecen a que el gobierno busca “ahorrar dinero, sin afectar el trabajo del INE”. Aludió a la política de austeridad de López Obrador, y añadió que la administración preferiría gastar los recursos públicos en “inversiones sociales, salud, educación e infraestructura”.
Aunque muchos coinciden en que se podrían recortar gastos, subrayan que los cambios adoptados el miércoles apuntan al corazón del rol principal del INE: la supervisión del voto.
Fuente: El Universal
