Como parte del llamado plan B de Morena en materia electoral, su grupo parlamentario ya tiene en la mesa 30 iniciativas de reformas legales, entre las que destacan prohibir a los consejeros, una vez que dejan el cargo, contender durante 10 años por puestos públicos ni en tres años trabajar en otros órganos electorales. También proponen quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas.
Mediante la modificación a seis leyes, se pretende asimismo recortar direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE); sustituir la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales y reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un proceso ordinario.
Previamente a la dictaminación de la reforma electoral, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Reforma Política-Electoral ya cuentan con un compendio de 108 iniciativas.
El análisis, señala que de ese total, 51 propuestas son de reformas constitucionales que han sido presentadas por todos los grupos parlamentarios, mientras que 57 son iniciativas para modificaciones a leyes secundarias.
Este miércoles 23 de noviembre comenzará a circular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral que contendrá, en su mayoría, las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para acotar la autonomía del INE; sin embargo, debido de la posibilidad de que sea rechazada en el pleno, Morena trabaja en su plan B, del que ya se plantearon 30 propuestas.
De este modo, los diversos planteamientos de la bancada guinda buscan reformar seis leyes; las generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y de Partidos Políticos (LGPP), así como las leyes federales de Consulta Popular (LFCP) y de Revocación de Mandato (LFRM).
Entre las iniciativas con que prevé nutrir el plan B, se encuentra una propuesta que obliga a acreditar conocimientos en materia electoral para ocupar una consejería del INE.
Fuente: El Universal
