La elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales tendrá un costo superior a los 8 mil millones de pesos, advirtió el Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Subrayó que dicho monto “contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral”.
De acuerdo con el estudio “Ventajas, costos y riesgos de la elección de autoridades electorales en México”, la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que se deben considerar durante el proceso de deliberación legislativa.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez, suscrito por el investigador César Alejandro Giles, alerta asimismo sobre el riesgo de que, en un escenario de hegemonía partidista como el actual, los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.
Incluso, transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano puede poner en riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida en que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.
“Otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política”, señala.
Según la investigación, uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual fue posible gracias a la autonomía, ciudadanización y profesionalización de autoridades las electorales.
En tanto, el PAN en la Cámara de Diputados advirtió no se sentará de ninguna forma a discutir algo que ponga en riesgo al INE, al Tribunal Electoral o a los organismos electorales locales, pues, sin ellos, la democracia en México estaría en riesgo.
Así lo alertó Jorge Romero, coordinador de la bancada panista, al tiempo de celebrar la negativa del PRI, MC y PRD a aprobar la propuesta del Ejecutivo.
“No nos sentaremos siquiera a discutir nada que vulnere la autonomía del INE, pretenda limitar las facultades del Tribunal Electoral o poner en vilo la existencia de los organismos electorales locales. La democracia es nuestra y el garante es el INE, así que cuentan con Acción Nacional para cuidar la democracia y al INE”.
Sostuvo que el oficialismo se frota las manos para dividir a la oposición, pero PAN, PRI, MC y PRD han expresado ya su rechazo a la “tóxica reforma” del Presidente, lo que no solo protege nuestros pilares democráticos, sino permitirá fortalecer los derechos de la gente y las capacidades democráticas del país.
El líder parlamentario del PRD, Luis Cházaro, reafirmó la posición de su bancada en defensa del INE, cuya creación fue el resultado de la lucha de muchas generaciones de mexicanos.
“Defendemos al INE porque representa el esfuerzo de ciudadanos que durante años lucharon por un país democrático”.
Fuente: Milenio
