Durante 2021, se cometieron 829 mil delitos de extorsión en el país; de estos, 67.6 mil correspondieron a extorsiones en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso. En 44.8 por ciento de los casos se pagó dicha exigencia, porcentaje superior al de 2019, de 44.6. Esto quiere decir que al menos, cuatro de cada 10 empresas cedieron ante las amenazas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el resultado de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, aunque durante 2021, se estima que 24.6 por ciento de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, lo que equivale a 1.2 millones de unidades económicas víctimas y el porcentaje es menor al de 2019, cuando fue de 30.5 por ciento, pero la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia.
En videoconferencia para dar detalles del resultado de la encuesta, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Oscar Jaimes, explicó que la disminución en el porcentaje de delitos se debe a que las medidas de contingencia por la pandemia del covid-19 llevaron a que algunos negocios disminuyeran sus operaciones de forma física, lo que implicó menor interacción con las personas, esto también propició que los costos asociados con la seguridad disminuyeran.
No obstante, “la extorsión fue el delito más frecuente, agrupando cerca de 29 por ciento del total de los delitos; después, con cerca de 20 por ciento, el robo o asalto de mercancía, dinero, insumo o bienes”, señaló.
El vicepresidente del Inegi, Adrián Franco, precisó que en los negocios de todo el país, relacionados con comercio, la industria o los servicios, cualquiera que sea su tamaño, la inseguridad y la delincuencia forman parte de su vida cotidiana.
Respecto a los robos o los asaltos, el funcionario agregó que en 12 por ciento de las unidades económicas hubo presencia este tipo de delitos, pero, además, se utilizó algún tipo de arma en uno de cada tres delitos y en 6 por ciento hubo agresión física.
Explicó que la consecuencia principal de todo este contexto de inseguridad y delincuencia para las unidades económicas tiene que ver directamente con el cambio que realizan sus propietarios o quienes las administran en su vida diaria; por ejemplo, una de cada cinco unidades económicas redujo los horarios de producción o de atención al público; además, dejaron de manejar efectivo y 15 por ciento de las empresas canceló inversiones.
Fuente: Milenio
