Cinco empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 561 millones de pesos en 27 organismos públicos locales electorales (OPLE) durante los últimos 12 años. El 77 por ciento de ese monto, equivalente a mil 883 millones 95 mil pesos, se concentró en los últimos cinco años.
Los recursos corresponden únicamente a materiales electorales, por lo que todavía faltaría contabilizar contratos de sistemas tecnológicos, logística y otros servicios.
De acuerdo con una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con la familia Hernández Casillas, se aliaron con Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México para obtener contratos.
En conjunto, las cinco compañías acumularon 106 contratos, de los cuales solamente 53 fueron mediante licitación pública.
Cajas Graf concentró la mayor cantidad, con mil 72 millones 876 mil 165 pesos; seguida de Formas Finas y Materiales, con 815 millones 961 mil 175 pesos; Corporativo Zeg, con 278 millones 717 mil 552 pesos; Comercializadora JVLY, con 208 millones 396 mil 239 pesos, y Seriplast de México, con 85 millones 123 mil 981 pesos.
El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, señaló ante diputados que las compañías habrían simulado competencia para repartirse el mercado mediante propuestas económicas previamente coordinadas.
Explicó que, en las 53 licitaciones públicas, las empresas participaron en distintos esquemas de aparente competencia: en 24 procedimientos coincidieron Cajas Graf y Formas Finas; en 15 se sumó Corporativo Zeg; en ocho participaron Cajas Graf y Zeg, y en dos más Formas Finas y Zeg.
El mecanismo consistía en presentar ofertas con precios elevados para modificar artificialmente los costos de referencia, mientras se descalificaban propuestas más económicas y se favorecía a una de las empresas participantes.
El funcionario sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura de colusión que también involucra a organismos electorales estatales.
La investigación también documentó vínculos familiares, laborales y empresariales entre accionistas, representantes y apoderados legales de las cinco compañías. Pese a que algunas enfrentaron investigaciones y procesos por presuntas irregularidades, continuaron obteniendo contratos.
