La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute si la prisión preventiva oficios es constitucional, lo que podría cambiar la vida de miles de personas que permanecen en cárceles del país, porque estudiará si dicha figura es contraria a la Constitución, además de que busca poner reglas claras a la prisión preventiva justificada.
El ministro Luis María Aguilar, encargado de elaborar el proyecto de sentencia por este asunto, recordó que, en este caso, no se propone que la prisión preventiva en general desaparezca, y citó lo que dispone el artículo 19 de la Constitución.
“Dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente, siempre y cuando, el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general, y en especial para las víctimas o para el desarrollo de la investigación o del proceso, para que el juez penal pueda valorar, analizar y determinar si es necesario imponer la prisión preventiva justificada”.
Al iniciar su exposición, la ministra Loretta Ortiz ha anticipado que votará en contra de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva de oficio.
“A mi parecer, la inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionarnos el principio de división de Poderes y los principios democráticos del Estado mexicano”, dijo.
La ministra ha referido que “sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a proteger la ley suprema de toda la Unión, debamos desaplicarla”.
La ministra Yasmín Esquivel se pronuncia en el asunto y en su argumentación se opone a declarar inconstitucional la prisión preventiva de oficio.
“Ignorar lo que sucede en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Morelos y en muchas partes de nuestro país sería darle la espalda al sufrimiento y a la impotencia a las familias de las víctimas de homicidios, de feminicidios, de personas desaparecidas, de secuestros, así como al dolor de todas las personas que día a día pierden se suman a miles que pierden su patrimonio, muchas veces escaso, y que efectivamente son sustento de muchas familias, en manos de quienes impunemente y en forma violenta se las arrebatan. No atender a todas estas víctimas implica no escuchar a la sociedad mexicana que demanda justicia y vivir con tranquilidad”.
El ministro Aguilar Morales ha enfatizado que, con su propuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no busca obstaculizar las labores de investigación y persecución de los delitos.
“La propuesta únicamente pretende proteger los derechos de las personas, sobre todo de aquellas más pobres y vulnerables que no siempre tienen acceso a una defensa adecuada y que muchas veces son el sustento de su familia”.
Fuente: Milenio
